El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes su decisión firme y definitiva de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a través del canciller Félix Plasencia, quien indicó en X que se procede a denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo del tribunal, conforme al Artículo 127.
El anuncio ocurre más de siete meses después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobara por unanimidad una ley para derogar el instrumento legal que ratificó la adhesión al Estatuto de Roma hace casi 26 años. Ese paso legislativo fue el primer movimiento para retirar al país del tribunal internacional.
Críticas a la CPI por supuesta parcialidad
Plasencia argumentó que Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. En un comunicado, afirmó que este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
El canciller sostuvo que el tribunal ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger, y rechazó la dimensión de lawfare —el uso mal intencionado de las leyes y tribunales como arma política— que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano. Reafirmó el compromiso del gobierno con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía.
Antecedentes de la relación con la CPI
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000 durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002. El tribunal es de última instancia, investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, sistema conocido como complementariedad.
El ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026) acusó a la Fiscalía de la CPI de desentenderse de sus deberes luego de que el fiscal adjunto de La Haya, Mame Mandiaye Niang, anunciara en diciembre pasado el cierre de su oficina en Caracas. En 2023, el gobierno de Maduro y la Fiscalía de la CPI acordaron abrir una oficina en Venezuela para facilitar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad por la actuación de la fuerza pública en las protestas de 2017. El fiscal adjunto indicó que la decisión de cerrar la oficina se debió a una falta de progreso real en la complementariedad con el gobierno venezolano.
La Fiscalía de la CPI resaltó que la investigación permanece activa y que un equipo seguirá trabajando desde La Haya. La CPI mantiene una investigación abierta sobre la violencia que siguió a los comicios venezolanos de 2017, aunque por ahora no ha emitido ninguna orden de detención. El ahora exfiscal jefe del tribunal, Karim Khan, anunció a fines de 2021 que abriría una investigación tras una prolongada pesquisa preliminar y una solicitud formal presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Khan, también el viernes, fue destituido de su cargo, siendo la primera vez que un fiscal jefe es removido de su puesto. Fue apartado temporalmente de sus funciones en la CPI en junio pasado, a la espera de la votación del viernes, después de que un informe del comité ejecutivo del órgano de supervisión del tribunal concluyera que había incurrido en conducta indebida grave.
