Ocho asociaciones internacionales del transporte marítimo enviaron una carta conjunta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, para expresar su rechazo a la posible implementación de peajes o tasas de servicio en el Estrecho de Ormuz.
Los firmantes incluyen a la Asociación Asiática de Armadores (ASA), el Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la Asociación de Armadores Europeos (ECSA), la Cámara Internacional de Transporte Marítimo (ICS), Intercargo, Intertanko y el Consejo Mundial de Navegación (WSC).
En la misiva, las organizaciones destacan que, como ha señalado la OMI en repetidas ocasiones, desde el inicio del conflicto los marineros han operado en un entorno de creciente incertidumbre, con incidentes que han cobrado vidas. Señalan que “la seguridad de los marineros debería ser innegociable”.
Preocupación por la libre navegación
Las asociaciones subrayan que la libre navegación tampoco debería ser objeto de negociación, ya que la capacidad de los buques mercantes para transitar por vías fluviales internacionales de manera segura, predecible y sin impedimentos innecesarios “es fundamental para cadenas de suministro resilientes, estabilidad económica y seguridad energética”.
Según los firmantes, imponer un peaje obligatorio en el Estrecho de Ormuz representaría un cambio significativo respecto a la práctica internacional establecida. Más allá de las consecuencias financieras inmediatas para el comercio global, esto sentaría un precedente que “podría socavar el marco legal internacionalmente reconocido” que regula los estrechos utilizados para la navegación y el tránsito internacional. Una vez establecido, advierten, sería cada vez más difícil resistirse a medidas similares en otras regiones, generando incertidumbre para el transporte marítimo y el comercio global.
Impacto económico y humano
La carta afirma que “cualquier coste adicional impuesto al transporte marítimo se traslada inevitablemente a las cadenas de suministro internacionales” y que sus consecuencias “van más allá de los costes de transporte”, contribuyendo a precios más altos de la energía, mayor inflación e incertidumbre económica. “En última instancia, estos impactos tendrán un coste humano, afectando a los medios de vida en todo el mundo”, indican, por lo que “es vital que sigamos apoyando la preservación de la libertad de navegación como base de la gobernanza marítima internacional”.
Las asociaciones marítimas se pusieron a disposición de la OMI y la ONU para defender “los principios legales de larga data” que rigen los estrechos internacionales, protegidos por el derecho internacional, especialmente a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Piden que, mientras se desarrollan debates sobre seguridad regional y resolución de conflictos, se garantice que los derechos de navegación reconocidos internacionalmente no se vean comprometidos ni se utilicen como parte de negociaciones políticas.
