La verdadera fortaleza de un Estado de derecho no radica en la cantidad de leyes que tiene escritas, sino en la capacidad de estas para someter al poder político. Según un análisis de José Alejandro Vargas, el peligro surge cuando se crean espacios donde quienes gobiernan se consideran por encima de la normativa legal, permitiendo que la voluntad de las autoridades prevalezca sobre la Constitución.
Este fenómeno se conoce como la teoría del “Estado dual”, concepto desarrollado por el jurista Ernst Fraenkel. En este modelo, conviven dos órdenes dentro de un mismo aparato estatal: uno normativo, donde imperan las leyes, y otro de prerrogativa, donde lo que manda es la decisión política. Bajo esta dinámica, no es necesario eliminar las leyes para debilitar el sistema jurídico; basta con que ciertos sectores o instituciones logren evadir sus consecuencias prácticas.
La Constitución dominicana y la importancia de la independencia judicial
La República Dominicana cuenta con herramientas legales para evitar esta dualidad. El artículo 6 de la Constitución establece la supremacía de la Carta Magna, declarando nulos cualquier acto que la contradiga. Asimismo, el artículo 7 define al país como un Estado Social y Democrático de Derecho, mientras que el artículo 69 garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, la eficacia de estas normas depende directamente de la independencia de los jueces. La función del magistrado no es validar las decisiones del poder, sino marcar los límites legales de su actuación. La separación entre la autoridad política y la jurisdicción es clave: mientras la primera busca cumplir objetivos públicos, la segunda debe asegurar que dichos objetivos no violen la Constitución.
Señales de alerta en la democracia
El análisis advierte que la democracia se debilita cuando los ciudadanos deben cumplir estrictamente la ley, pero las autoridades encuentran formas de eludir los fallos de los tribunales. Cuando las instituciones reclaman privilegios que no se le otorgan a los particulares, o cuando la aplicación de la norma varía según quién sea el afectado, se manifiesta una peligrosa dualidad que pone en riesgo el Estado de derecho.
En conclusión, el riesgo no proviene de la desaparición del derecho, sino de un poder que convive con las leyes sin sentirse obligado a respetarlas. El verdadero Estado de derecho se consolida cuando la autoridad pierde la capacidad de desobedecer las normas instituidas sin enfrentar consecuencias.
