El sistema de designación y permanencia de los magistrados en la Suprema Corte de Justicia ha sido objeto de análisis debido a la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país. Ante la actual estructura, surge la propuesta de modificar los periodos de permanencia y suprimir los procesos de evaluación y reelección para los jueces de la máxima instancia judicial.
La propuesta plantea dos cambios fundamentales para el orden jurídico dominicano: primero, establecer un periodo de nueve años para la permanencia de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia, y segundo, eliminar por completo los mecanismos de evaluación y la posibilidad de reelección en dicha alta corte.
Evolución del sistema judicial dominicano
La estructura actual tiene sus raíces en la reforma constitucional de 1994, la cual creó el Consejo Nacional de la Magistratura para asumir la función de designar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, una tarea que anteriormente correspondía al Senado de la República. Posteriormente, la ley número 327 de 1998 instauró la carrera judicial, aunque con un alcance limitado hasta las Cortes de Apelación.
Tras la reforma de 2010, se transformó el panorama institucional con la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Consejo del Poder Judicial. Este último asumió las funciones administrativas y disciplinarias, además de recomendar el nombramiento de jueces de paz, de primera instancia y de cortes de apelación ante la Suprema Corte de Justicia.
Composición y retos de la Suprema Corte
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia está integrada por 17 magistrados, quienes cumplen periodos de siete años con opción a repetir, siempre que superen una evaluación de desempeño. La selección de estos funcionarios se realiza mediante una distribución donde tres cuartas partes provienen de la carrera judicial y la cuarta parte restante se compone de académicos, profesionales del derecho o miembros del Ministerio Público.
A pesar de que la evaluación de desempeño se implementó con objetivos válidos, su aplicación ha generado constantes tensiones e inconformidades en el sector. El análisis sugiere que, para garantizar la estabilidad institucional y aprovechar la experiencia de los jueces de carrera y abogados, es necesario complementar la modificación constitucional de 2024 con cambios que otorguen mayor seguridad jurídica al ejercicio de la magistratura.
