La antigua residencia de la Embajada de Nicaragua en Santo Domingo ha sido puesta en alquiler, según confirmó el periódico dominicano Diario Libre. El inmueble, ubicado en la calle Bohechio, dejó de funcionar como sede diplomática tras la orden de cierre emitida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 9 de septiembre.
Esta situación surge en un contexto de fuertes fricciones entre ambos países, luego de que el gobierno del presidente Luis Abinader llamara a consultas a su embajadora en Managua hace poco más de un mes. La respuesta de Nicaragua al movimiento dominicano fue el cierre de su representación oficial en territorio dominicano, motivado por la postura crítica de la Cancillería dominicana ante la eliminación de los procesos electorales en Nicaragua.
Situación del inmueble y contexto regional
Durante la verificación en el sitio, el diario dominicano reportó la presencia de una ciudadana haitiana que habita en la propiedad desde hace aproximadamente una semana. Este evento marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, las cuales mantienen una trayectoria de 49 años y vínculos comerciales a través del acuerdo DR-Cafta y la participación de ambos en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La crisis diplomática se intensificó tras el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana el pasado 22 de julio, donde se denunció que la supresión de las elecciones en Nicaragua representa un “principios esenciales de la democracia representativa”.
Presión internacional ante la crisis en Nicaragua
El escenario político en Nicaragua permanece bajo vigilancia de la comunidad internacional. Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que se prevé una reunión de cancilleres para finales de este mes con el fin de evaluar medidas colectivas ante las decisiones tomadas por el gobierno nicaragüense.
El régimen, que ha estado en el poder durante 19 años, ha implementado reformas constitucionales, incluyendo una en 2025 que iguala jerárquicamente a Ortega y Murillo. Asimismo, el 1 de septiembre se aprobaron modificaciones a la Carta Magna que permitirían la permanencia de los actuales mandatarios en el poder y la exclusión de opositores políticos.
