A través del decreto 787-26, el Gobierno de la República Dominicana oficializó este martes el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. Esta nueva normativa tiene como objetivo fijar las reglas y principios para que las instituciones del Estado utilicen esta tecnología de manera segura, transparente, inclusiva y responsable.
El desarrollo de este marco regulatorio fue un esfuerzo conjunto liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). El proceso incluyó la participación de diversos sectores y contó con el apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), asegurando que las reglas estén en sintonía con los lineamientos internacionales de la Unesco y la OCDE.
Protecciones y límites tecnológicos
El reglamento establece medidas de cumplimiento obligatorio para todo el aparato estatal, tanto centralizado como descentralizado. Entre los puntos más relevantes para la protección de la ciudadanía se encuentran:
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Evaluaciones de impacto: Cualquier sistema de IA que pueda influir en derechos, beneficios sociales o sanciones deberá pasar por una revisión ética rigurosa y recibir el visto bueno de un órgano supervisor antes de ser utilizado. -
Derecho a la información: Los ciudadanos podrán saber si una decisión o trámite administrativo fue realizado con ayuda de inteligencia artificial, contando además con la opción de solicitar una revisión por parte de un humano. -
Prohibiciones estrictas: Se veta el uso de la tecnología para la clasificación social, la vigilancia biométrica masiva sin orden judicial, el perfilamiento criminal basado en sesgos, la automatización de sentencias o el uso de armas autónomas. -
Resguardo de menores: Se prohíbe cualquier sistema de IA que pueda generar o difundir contenido dañino o discriminatorio contra niños, niñas y adolescentes. -
Control de datos: El Estado exigirá a los proveedores de tecnología que garanticen la ciberseguridad y que la información de los dominicanos permanezca bajo control soberano, rechazando sistemas que no permitan auditorías estatales.
Gobernanza y periodo de implementación
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial. Este organismo funcionará como un ente consultivo y de coordinación donde participarán instituciones estatales, la academia y representantes de la sociedad civil a través del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
Las entidades del sector público disponen de un plazo de 180 días calendario para ajustar sus procesos, registrar sus sistemas actuales y nombrar a los responsables de velar por el cumplimiento de este nuevo esquema de transformación digital ética.
