República Dominicana avanza en su plan para integrarse a la industria de semiconductores, una de las más estratégicas a nivel mundial. El Gobierno impulsa una estrategia nacional, mientras que el sector privado ya reporta contactos iniciales con potenciales inversionistas interesados en establecerse en el país.
El presidente ejecutivo de Zona Franca Las Américas, Bela Szabó Padilla, confirmó que existen empresas que han mostrado interés en instalar operaciones vinculadas a esta industria, aunque aclaró que las negociaciones aún están en una fase temprana. “Tenemos conversaciones abiertas con diferentes empresas que han mostrado su interés en participar en el sector, pero son conversaciones muy tempranas. Hay que esperar que avancen los procesos de negociación”, indicó.
Szabó Padilla explicó que, tras la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Semiconductores y con el apoyo de asesores internacionales, la visión del sector no es atraer grandes fábricas de fabricación de chips, sino enfocarse en etapas específicas de la cadena de valor, como el ensamblaje, las pruebas y el empaque, conocidas como ATP.
Oportunidad en el nicho de ATP
“No ambicionamos traer empresas de gran superficie porque la escala para República Dominicana no da. Cada planta para producir chips requiere inversiones cercanas a los US$ 10,000 millones y una infraestructura muy importante”, señaló el ejecutivo. En ese sentido, indicó que el país busca posicionarse en las operaciones de ATP, un segmento que requiere mucha mano de obra y menos capital que la fabricación inicial.
La meta es que República Dominicana se convierta en una opción cercana y confiable para estos procesos, ya que en América Latina existen pocas facilidades de ATP, lo que representa una oportunidad para cubrir la creciente demanda. “El ATP de semiconductores podría ser una opción viable a mediano y largo plazo para República Dominicana”, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Szabó Padilla sostuvo que estas actividades son una oportunidad natural para el país, debido a la experiencia acumulada en las industrias de dispositivos médicos y electrónicos que ya operan en zonas francas. “Nos sentimos muy cómodos participando en esas áreas porque son los mismos procesos que ya se manejan en la industria de dispositivos electrónicos y de dispositivos médicos, donde el país tiene una amplia trayectoria”, expresó.
Incentivos y desafíos para atraer inversión
La OCDE señaló que, para atraer mejor a empresas de manufactura avanzada, se debería evaluar la posibilidad de adaptar el régimen de zonas francas. El organismo indicó que los incentivos actuales “son generosos, pero genéricos”, y sugirió complementar las exenciones fiscales con incentivos específicos para el sector de semiconductores. Además, destacó que la Ley 8-90 “no está enfocada en atraer multinacionales ni inversión extranjera directa, a pesar de que las empresas de semiconductores serán internacionales”.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) señaló que el desarrollo de esta industria estará sustentado en políticas públicas para aumentar la competitividad, un marco de incentivos para industrias de alta tecnología, la transformación de zonas francas en parques tecnológicos y la atracción de inversiones en semiconductores. No obstante, el estudio elaborado por el MICM puntualiza que el país tiene “alta dependencia de la importación y débil base de suplidores nacionales”, y que la electricidad en las zonas francas es más cara que en muchos países, lo que reduce la competitividad.
La estrategia nacional se ha ido materializando en los últimos meses. En junio de 2024 se emitió el Decreto 324-24, que declaró los semiconductores como “alta prioridad nacional”. En agosto de 2024 se presentó la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, y en marzo de 2026 se dio a conocer el informe de la OCDE sobre el entorno habilitador del sector. Ambos documentos destacan las brechas que el país debe superar para atraer inversión privada, más allá de la estabilidad política y la seguridad jurídica.
