La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) lanzó fuertes cuestionamientos contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) luego de que este se declarara incompetente para analizar un recurso contra la Junta Central Electoral (JCE) y decidiera pasarle la papa caliente al Tribunal Constitucional. Para la organización, la movida del TSE pone en jaque el sistema de justicia electoral que establece la Constitución.
Todo comenzó cuando el TSE decidió no meterse en el pleito contra la Resolución 14-2026 de la JCE, que regula cómo se registran las encuestadoras y pone restricciones a la publicación de sondeos fuera de los plazos legales. La entidad Justicia Sin Fronteras fue la que impugnó el artículo 13 de ese reglamento, pidiendo que se anulara porque, según ellos, limita derechos fundamentales.
¿Quién tiene la última palabra?
La jueza Rafaelina Peralta Arias no estuvo de acuerdo con la mayoría del tribunal y dejó claro su voto en contra. Ella sostiene que el TSE sí debía resolver el caso de fondo, porque no se trata de una acción directa de inconstitucionalidad, sino de un recurso contencioso electoral contra un reglamento de la JCE. En su opinión, el control de legalidad le corresponde al juez electoral.
Finjus fue más allá y señaló que el TSE fue creado precisamente para resolver este tipo de disputas electorales. Si ahora se va a pasar cada impugnación al Constitucional, entonces la justicia especializada pierde todo su sentido. La fundación lo puso así: “La simple invocación de normas constitucionales no transforma automáticamente un litigio contencioso en una acción directa de inconstitucionalidad”.
El debate de fondo es si la jurisdicción electoral tiene la facultad de revisar la legalidad de los reglamentos de la JCE cuando se denuncia un exceso, o si todo tiene que terminar en el Tribunal Constitucional. Para Finjus, aceptar eso sería un error garrafal porque le quita peso al juez natural de los procesos electorales y le da más poder a la justicia constitucional.
La discusión no es menor, porque toca la arquitectura institucional del país y la forma en que se protegen los derechos electorales. Mientras tanto, el reglamento de la JCE sigue vigente y las encuestadoras tendrán que seguir las reglas hasta que el Constitucional se pronuncie.
