El gobierno de Venezuela anunció el viernes que inició el proceso para retirarse de manera definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que investiga posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2017 durante la administración de Nicolás Maduro.
Notificación formal y argumentos del gobierno
El canciller venezolano, Félix Plasencia, informó a través de su cuenta en X que ya se notificó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la decisión de denunciar el Estatuto de Roma, conforme al Artículo 127. Dicho artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de que se reciba la notificación.
Según Plasencia, la CPI ha concentrado su trabajo de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos. Por su parte, la presidenta Delcy Rodríguez señaló que la Corte se ha instrumentalizado políticamente contra Venezuela y que el gobierno perdió credibilidad en el tribunal. “Creemos en un mundo distinto, en un mundo nuevo de paz, de verdad”, expresó Rodríguez durante un acto militar.
Reacción de la CPI y antecedentes
La CPI indicó en un comunicado que no había sido notificada oficialmente de la decisión y lamentó que Venezuela quiera “apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves”. La investigación formal de la CPI se abrió en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron alrededor de 200 muertos.
El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un progreso real en el trabajo con el gobierno. En ese momento, Caracas acusó a la fiscalía de la CPI, entonces dirigida por Karim Khan, de desentenderse de sus responsabilidades. Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Actúa como tribunal de última instancia, interviniendo solo cuando los países no pueden o no quieren investigar por sí mismos.
