La jueza Francis Diloné ordenó que el médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez cumpla tres meses de prisión preventiva en el centro CCR-14 de Anamuya, en Higüey. El profesional de la salud está bajo investigación por la supuesta creación de documentos falsos para registrar nacimientos de extranjeros como si hubieran sucedido en territorio dominicano.
Esta medida cautelar tiene como fin asegurar que la investigación continúe sin contratiempos y proteger la transparencia de todo el proceso judicial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el número de certificados afectados ni cuántas personas se habrían beneficiado con estas irregularidades.
Origen de la denuncia en el hospital
El caso salió a la luz gracias a una denuncia del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. Según los reportes, una trabajadora de la institución detectó papeles que tenían el sello y el logo del hospital, además de firmas de funcionarios, pero que no seguían los canales oficiales de emisión.
Tras notar estas anomalías, el centro de salud presentó una querella formal ante el Ministerio Público. El director del hospital, Juan Félix Medina Santana, comentó que una revisión interna permitió confirmar que varios certificados no fueron generados siguiendo los protocolos de la institución.
Entre los documentos irregulares se encontraron firmas que pretendían ser las del propio director y las de un exsubdirector, el doctor Rodríguez Reyes.
Pruebas de falsificación y revisión de la JCE
Un peritaje realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fue clave en el proceso. Manuel Alejandro Rodríguez Carpio, abogado del hospital, presentó el análisis que demuestra que una de las firmas en los papeles no pertenece al funcionario al que se le atribuye.
“en el Inacif se determinó que la firma que tienen los documentos no es la misma”
Rodríguez Carpio también explicó que, según las pesquisas, el médico habría mandado a hacer un sello en una imprenta para imitar el que usa el director del centro.
Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) está investigando si estos documentos llegaron a usarse para trámites en el Registro Civil. El director del hospital aclaró que estos movimientos no se hicieron en la oficina de la JCE que está dentro del hospital, sino en otra sede del organismo.
La ley dominicana, específicamente la Ley 4-23, exige que los nacimientos se acrediten con certificados auténticos del médico o la autoridad del hospital. El uso de pruebas falsas para cambiar el estado civil puede ser anulado por la justicia y conlleva sanciones penales por falsedad en escritura pública. Actualmente, se investiga si el médico actuó de forma individual o con cómplices.
