El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional llevará a cabo este jueves, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para decidir la medida de coerción contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”. La imputada enfrenta cargos por difamación e injuria en contra de la periodista Iluminada Muñoz, en un proceso donde el Ministerio Público busca, además, que se dicte el auto de apertura a juicio.
Antecedentes de la querella
El caso surge a raíz de una querella con constitución en actor civil interpuesta por Muñoz en el año 2024, a través de los abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva. La acusación sostiene que la comunicadora no cometió un error aislado, sino que ejecutó una campaña constante de desprestigio que se extendió por más de cinco años utilizando diversos medios de difusión pública.
Tras la denuncia, la Fiscalía realizó una investigación que permitió reunir diversas pruebas relacionadas con los contenidos y publicaciones que habrían afectado la imagen de la periodista. Los representantes legales de Muñoz señalaron que esta audiencia es clave para que el tribunal evalúe las bases jurídicas de la solicitud del órgano acusador.
Faltas de comparecencia y postura legal
La defensa de la periodista denunció que Claudina Pérez Ramírez ha ignorado múltiples citaciones judiciales, lo que consideran una muestra de desinterés por enfrentar el proceso. Según los abogados, mientras la imputada evita a las autoridades, ha seguido realizando declaraciones públicas que forman parte de la misma dinámica de ataques denunciada.
“La justicia no puede permanecer indiferente frente a una conducta que, según los elementos incorporados al proceso, se ha prolongado durante años y que ha tenido un impacto directo sobre la honra, dignidad y reputación de nuestra representada”
Los abogados aclararon que la intención de la acción legal no es buscar un conflicto personal, sino lograr que el sistema judicial responda institucionalmente y establezca las responsabilidades legales pertinentes para reparar los daños causados.
Finalmente, la parte querellante adelantó que, de obtener una compensación económica, los fondos se utilizarán para fortalecer el ejercicio periodístico y para apoyar a instituciones benéficas en la República Dominicana que trabajan en la prevención y asistencia de pacientes con cáncer.
