La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González, tras desestimar el recurso de casación que presentaba el procesado. La decisión judicial ratifica la sentencia por el homicidio y ocultamiento de cadáver del abogado y docente universitario Yuniol Ramírez Ferreras, hecho ocurrido en 2017.
Tras este fallo, Contreras González, quien anteriormente ocupaba el cargo de encargado de Compras y Contrataciones en la OMSA, deberá cumplir la totalidad de su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal. Asimismo, la alta corte determinó que el sentenciado debe cubrir los costos legales derivados del proceso.
Validación de la sentencia
El fallo de la Suprema Corte deja en firme la sentencia penal núm. 502-01-2025-SSEN-00181, la cual había sido dictada el 29 de diciembre de 2025 por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Previamente, dicha instancia también había desestimado un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado.
Durante el proceso ante la máxima instancia judicial, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) gestionó la defensa técnica. La procuradora adjunta Fadulia Rosa, representante del Ministerio Público, solicitó el rechazo de la casación argumentando que los tribunales anteriores realizaron una valoración adecuada de las evidencias para establecer la culpabilidad de Contreras González.
Detalles del crimen y proceso judicial
El caso, que involucró también hechos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), permitió establecer la responsabilidad penal de Contreras González en el asesinato de Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El crimen tuvo lugar en octubre de 2017, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en la cañada Arroyo María, en el sector de Hato Nuevo, Manoguayabo, con el cuerpo sujeto a un bloque de cemento mediante cadenas y candados. Tras el suceso, el procesado había escapado hacia los Estados Unidos, siendo capturado en ese país y entregado a las autoridades dominicanas tres años después, gracias a las gestiones de extradición realizadas por el Ministerio Público.
