El gobierno de Nicaragua mantiene en secreto los datos del IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, a pesar de que el operativo se inició hace ya dos años. Según reportes de los medios Divergentes y La Prensa, la falta de cifras oficiales está dejando al país en un vacío estadístico que impide conocer la realidad social y económica actual.
El último registro con datos públicos en el país se realizó en 2005. Desde entonces, Nicaragua ha pasado por cambios profundos, especialmente tras la crisis de 2018 que provocó una fuerte migración, pero sin un censo nuevo, no hay forma de medir con exactitud cómo afectó eso a la población o cómo diseñar políticas públicas que funcionen.
Retrasos y falta de transparencia
Aunque lo normal es hacer un censo cada 10 años, Nicaragua no cumplió con su proceso en 2015 y el operativo más reciente arrancó apenas el 30 de abril de 2024, con 19 años de retraso respecto al anterior. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) puso en marcha a casi ocho mil encuestadores, pero lo que debía terminar en mayo de 2024 se alargó hasta enero de 2025.
A diferencia del censo de 2005, que tuvo ayuda y dinero de la comunidad internacional, este último se hizo con fondos propios y sin que nadie de afuera pudiera vigilar el proceso. Organizaciones como Urnas Abiertas han señalado que hubo fallas en las encuestas y que el operativo se fue extendiendo sin explicaciones claras.
Incertidumbre y sospechas políticas
La desconfianza fue un problema grave durante el levantamiento de la información. Muchos ciudadanos no quisieron dar detalles sobre sus remesas, su situación migratoria o sus bienes, sobre todo cuando los encuestadores eran funcionarios o policías.
Expertos han lanzado alertas sobre este silencio oficial. La socióloga Elvira Cuadra advirtió que no tener estos datos frena la capacidad de entender los cambios en la población, mientras que el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto señaló que, sin un censo que sea de fiar, las cifras de pobreza y mortalidad son solo suposiciones, lo que complica la planificación del país y la llegada de ayuda internacional.
Para Gutiérrez Soto, ocultar los resultados no es un error de papeles, sino una decisión política para controlar la imagen del país. Por su parte, el sociólogo Óscar René Vargas sugirió que las autoridades podrían estar evitando mostrar datos negativos, como la baja en la educación o el aumento de la mortalidad infantil.
Inversión sin rendición de cuentas
El operativo tuvo un costo de más de 150 millones de córdobas (unos 4,087,193 dólares), pero el INIDE no ha dado detalles de en qué se gastó exactamente ese dinero ni por qué no han procesado la información.
Reportes de trabajadores públicos indican que hubo errores en las encuestas y que muchas personas ni siquiera fueron visitadas por los empadronadores, ya sea por fallas del sistema o por el miedo de la gente a participar.
