La Junta Central Electoral (JCE) se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras una condena judicial que la obliga a desembolsar cerca de 1.5 millones de dólares en favor de la empresa Latin Events LLC, propiedad del promotor Félix Cabrera. El caso, que involucra una supuesta gestión irregular relacionada con la organización de eventos de béisbol en Nueva York, ha generado críticas por el presunto perjuicio económico que representa para las arcas del Estado dominicano.
El conflicto tiene sus raíces en acuerdos previos entre la JCE y la compañía de Cabrera para promover actividades como la cedulación y partidos de béisbol dominicano en estadios de las Grandes Ligas en Estados Unidos. Según los hechos relatados, tras un proceso legal en tribunales de República Dominicana y Estados Unidos, la JCE fue sentenciada a pagar la suma mencionada, pese a que la institución no habría comparecido para defenderse en los procesos judiciales.
Origen de la controversia en Nueva York
De acuerdo con testimonios de figuras de la comunidad dominicana en el exterior, el proyecto original para los juegos de exhibición fue gestionado inicialmente a través de la Sports Dreams Foundation DR-USA. En este esquema participaban el entonces cónsul Eligio Jaquez, el doctor Rafael Lantigua y la ejecutiva Raysa Rodríguez, quienes habrían colaborado en la concepción del evento.
No obstante, se señala que el empresario Félix Cabrera habría tomado el control de la organización, desplazando a las personalidades mencionadas y coordinando los partidos con los Metropolitanos de Nueva York. A pesar de que la serie de juegos resultó exitosa con beneficios superiores a los 6 millones de dólares, se reportan deudas pendientes con los colaboradores originales del proyecto.
Llamado a la transparencia institucional
Ante la magnitud del impacto financiero, que podría ascender a cerca de 100 millones de pesos sumando costos legales, diversos miembros de la comunidad dominicana en Nueva York han solicitado la intervención del Gobierno nacional. El profesor Marino Mejía y otros ciudadanos han instado a la administración del presidente Luis Abinader a investigar a fondo este manejo de fondos públicos.
Las críticas apuntan a que la falta de defensa legal de la JCE sugiere un manejo irregular que afecta directamente el bienestar de la nación. Se ha hecho un llamado para que se apliquen las sanciones correspondientes, siguiendo la línea de combate contra la corrupción que caracteriza la gestión gubernamental actual, con el fin de evitar que se sigan entregando recursos del Estado de manera injustificada.
