Un alto porcentaje de la población en República Dominicana percibe que las organizaciones criminales gozan de una influencia considerable en el territorio nacional. De acuerdo con los datos del Informe Latinobarómetro 2026, el 80% de los ciudadanos considera que el crimen organizado posee mucho o bastante poder en el país.
El estudio, titulado «¿La crisis de la democracia liberal?», revela además una sensación de derrota en la lucha contra las drogas, ya que el 52% de los encuestados cree que el Estado está perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Estos resultados forman parte de un análisis regional que aplicó más de 19,000 entrevistas en 17 naciones durante el periodo entre mayo y junio de 2026.
Percepción de inseguridad y desconfianza institucional
En cuanto a la experiencia directa con la delincuencia, el 28% de los dominicanos reportó haber sido víctima de algún delito, como asaltos o agresiones, en el último año, o tener algún familiar en esa situación. Esto sitúa al país ligeramente por encima del promedio de América Latina, que se ubica en un 24%.
La confianza en las instituciones de seguridad también muestra números preocupantes. Solo el 24% de los dominicanos confía en la policía, una cifra que queda bastante por debajo del 40% registrado en el resto de la región latinoamericana. Por su parte, la satisfacción con la labor policial apenas alcanza el 21%.
Demanda de mano dura y visión democrática
Ante el temor por la violencia, la ciudadanía parece buscar soluciones más estrictas. El 69% de los encuestados en República Dominicana opina que “un poco de mano dura no viene mal al país”, superando el 63% de la percepción regional.
Respecto al sistema de gobierno, aunque el 61% de los participantes aceptaría un régimen no democrático si este lograra solucionar los problemas de seguridad, la mayoría mantiene su compromiso con las instituciones: un 70% asegura que no puede haber democracia sin elecciones y el 59% sigue considerando que este es el mejor sistema de gobierno.
El informe aclara que estas cifras representan la opinión de la gente y no deben confundirse con las estadísticas oficiales de criminalidad, las cuales deben ser consultadas directamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
