El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 787-26, mediante el cual se establece un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos de la República Dominicana. Esta normativa busca garantizar que el empleo de nuevas tecnologías en el Estado se realice bajo estrictos estándares éticos, prohibiendo prácticas que puedan vulnerar los derechos ciudadanos o manipular la opinión pública.
A través del nuevo Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, el Gobierno dominicano restringe el uso de sistemas que pretendan clasificar socialmente a la población o influir de manera encubierta en las creencias políticas de las personas. Asimismo, la medida impide que los algoritmos se utilicen para la desinformación institucional o para la propaganda política que busque manipular a la ciudadanía.
Protección de derechos y debido proceso
La regulación prohíbe tajantemente la implementación de sistemas de predicción criminal que señalen a individuos como posibles delincuentes basándose únicamente en su situación económica, origen étnico o lugar de residencia, protegiendo así el principio de presunción de inocencia. De igual forma, se establece que ninguna sentencia penal, medida de coerción o privación de libertad puede ser ejecutada de manera autónoma por un algoritmo; toda decisión de esta naturaleza requiere obligatoriamente la intervención directa de un ser humano.
En cuanto al uso de tecnología biométrica, el decreto limita la identificación masiva e indiscriminada en espacios públicos, como el reconocimiento de rostros, voces o formas de caminar, exigiendo que existan garantías judiciales y legales previas para su aplicación. Además, se garantiza que cualquier ciudadano afectado por una decisión administrativa apoyada en IA tenga el derecho de conocer los factores que la sustentan y solicitar una revisión humana para corregir posibles errores.
Supervisión y control institucional
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo que será copresidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este consejo integrará a sectores del gobierno, la academia, el empresariado y la sociedad civil para supervisar y coordinar la aplicación del Código.
La Digeig se encargará de la vigilancia ética y la evaluación de sistemas de alto impacto, mientras que la Ogtic gestionará la parte técnica y mantendrá un registro público de transparencia sobre las herramientas tecnológicas empleadas por el Estado. Las instituciones públicas tendrán un plazo de 180 días para ajustar sus procesos, registrar sus sistemas actuales y nombrar a los responsables de su supervisión.
Seguridad para menores de edad
El nuevo marco legal incluye protecciones especiales para los niños, niñas y adolescentes, exigiendo evaluaciones de impacto más rigurosas y una supervisión humana constante en cualquier sistema que los involucre. Se prohíbe estrictamente el uso de inteligencia artificial para la creación o difusión de contenido que sea abusivo, sexualizado o discriminatorio contra menores, incluyendo el uso de materiales sintéticos.
