La estabilidad de las reglas del juego en el país no es solo un tema para abogados o grandes inversionistas, sino un componente esencial de la política social que permite a los ciudadanos planificar su futuro. La seguridad jurídica garantiza que tanto el pequeño emprendedor como el gran empresario puedan operar bajo normas previsibles, evitando que los cambios repentinos o la discrecionalidad de los funcionarios afecten sus proyectos de vida.
El marco legal dominicano sostiene esta estructura a través de diversos preceptos constitucionales. Entre ellos, el artículo 110 asegura la irretroactividad de las leyes, mientras que el artículo 50 protege la libertad de empresa. Asimismo, el artículo 40.15 exige la razonabilidad en la actuación estatal y el artículo 39 obliga al Estado a generar las condiciones administrativas y jurídicas necesarias para que la igualdad sea una realidad tangible.
Jurisprudencia y desarrollo institucional
El Tribunal Constitucional ha desempeñado un rol clave en la definición de estos conceptos. Mediante la Sentencia TC/0049/13, se estableció que, aunque el Estado tiene la facultad de regular mercados, debe hacerlo de manera proporcional y razonable, protegiendo la libertad de contratar y emprender. Por otro lado, la reciente Sentencia TC/0556/26 reforzó la idea de que el Estado debe construir las condiciones para una igualdad real, facilitando la participación de sectores como las mujeres propietarias de PyMEs en las contrataciones públicas.
Este enfoque coincide con las teorías de expertos como Friedrich Hayek, quien enfatizaba la necesidad de reglas generales para una sociedad libre, y Daron Acemoglu, quien sostiene que la calidad de las instituciones es el factor determinante para el desarrollo de una nación, por encima de sus recursos naturales o su geografía.
Impacto en la economía y la sociedad
La falta de previsibilidad jurídica tiene costos directos para la población: encarece el crédito, frena la inversión y obliga a las personas a buscar negocios de corto plazo en lugar de proyectos sostenibles. Cuando las instituciones son sólidas y limitan la arbitrariedad, se generan oportunidades de empleo y se fomenta la movilidad social.
Es importante aclarar que la seguridad jurídica no impide que el Estado regule o transforme sus políticas para corregir desigualdades. Lo que exige es que cualquier cambio tenga un fundamento legal claro, respete los procedimientos y ofrezca la previsibilidad necesaria para que la sociedad pueda confiar en el sistema y apostar por el desarrollo nacional.
