La compleja relación entre la República Dominicana y Haití va mucho más allá de la crisis migratoria, involucrando intereses económicos significativos y redes de actividades ilícitas que operan en la frontera. Mientras el debate público se enfoca en la presencia de ciudadanos haitianos, existen factores comerciales y delitos organizados que generan beneficios para distintos sectores en ambos lados de la línea fronteriza.
En el ámbito comercial, Haití se ha consolidado como un mercado clave para el desarrollo nacional. Durante el año 2025, las exportaciones dominicanas hacia el país vecino superaron los 1,200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 34% en comparación con el periodo anterior. Este dinamismo incluye iniciativas como el parque industrial CODEVI en Juana Méndez, que genera empleos en territorio haitiano mediante acuerdos textiles favorables.
Impacto laboral y vulnerabilidad
La mano de obra haitiana desempeña un rol crucial en diversos sectores de la economía dominicana. Según datos del Instituto Nacional de Migración de 2025, este personal puede representar entre el 70% y el 90% de los trabajadores en las etapas iniciales de proyectos de construcción, además de tener una presencia notable en la agricultura. De hecho, un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que, para 2017, este grupo aportaba el 7.41% del valor agregado de la economía del país.
Sin embargo, esta contribución económica convive con una marcada precariedad laboral. Muchos trabajadores operan sin contratos escritos ni acceso a la seguridad social, una situación que algunos empleadores aprovechan para reducir costos y evadir sus responsabilidades legales bajo el amparo de la irregularidad migratoria.
Crimen organizado y seguridad fronteriza
A la esfera económica se suman actividades criminales que comprometen la seguridad. Informes de expertos de las Naciones Unidas han señalado el tráfico de armas hacia Haití, detectando municiones con siglas del Ejército dominicano y marcas compatibles con el equipo de la Policía Nacional. Esto coincide con investigaciones previas sobre el faltante de más de 900,000 artículos, principalmente municiones, en depósitos de la institución policial.
Asimismo, se han identificado redes de tráfico de personas que lucran con la migración irregular. Estas estructuras operan con la presunta complicidad de funcionarios, creando un ciclo donde el trabajador paga por entrar, trabaja en condiciones precarias, es deportado y debe pagar nuevamente para intentar regresar, alimentando un negocio de explotación constante.
