La República Dominicana ha dado un paso decisivo en su política exterior y ambiental al ratificar el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Acuerdo BBNJ. Esta decisión, respaldada por el Congreso Nacional, posiciona al país como un actor relevante en la gestión de los océanos a nivel mundial, especialmente ante la entrada en vigor de este tratado en enero de 2026.
La integración de la nación a este marco de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR) permitirá establecer reglas claras para proteger más de dos tercios del océano global. El nuevo régimen facilitará la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, la implementación de evaluaciones de impacto ambiental más estrictas y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de los recursos genéticos marinos.
Impacto estratégico para el desarrollo nacional
Para el Estado dominicano, este compromiso trasciende la protección ecológica y se convierte en una herramienta de desarrollo económico y estabilidad. Al ser una nación insular, el bienestar de sus ciudadanos depende directamente de la salud de sus mares, los cuales funcionan como una infraestructura vital para el comercio, el turismo, la seguridad alimentaria y la generación de empleos.
La relevancia de este acuerdo se refleja en la robusta infraestructura marítima del país, que cuenta con 16 puertos comerciales, cinco terminales para el turismo, cuatro marinas y tres zonas de fondeo, consolidando a la República Dominicana como un nodo logístico clave en el Caribe. Asimismo, sectores como el turismo de avistamiento de ballenas en la Bahía de Samaná, que recibe hasta 100,000 visitantes anuales, se verán fortalecidos por una gestión sostenible de los ecosistemas.
Cooperación y fortalecimiento de capacidades
El proceso de adhesión ha contado con el liderazgo estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente, estas instituciones trabajan junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para robustecer las capacidades nacionales en monitoreo, evaluación ambiental y aprovechamiento de la tecnología.
La participación activa en este tratado busca que el país no solo se beneficie de la economía oceánica —la cual se proyecta que supere los US$3 billones anuales para el año 2030— sino que también contribuya con soluciones científicas y políticas desde una perspectiva regional. La meta es integrar la dimensión marina en la planificación del desarrollo nacional, asegurando la resiliencia frente al cambio climático y la sobreexplotación de recursos.
