Dictan tres meses de prisión preventiva a “Masha” por porte ilegal de armas
La exponente urbana y dos jóvenes enfrentan cargos tras ser detenidos en Boca Chica
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva a la cantante urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha”, por presunto porte y tenencia ilegal de armas de fuego. La misma medida fue dictada contra los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, detenidos junto con ella durante un operativo policial en Boca Chica, el pasado 9 de mayo de 2026.
Detención y evidencia incautada
La detención ocurrió aproximadamente a las 2:20 a.m. del sábado 9 de mayo, cuando los tres se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca por la avenida Mella, en el sector Andrés de Boca Chica. Según el reporte policial, los agentes notaron un comportamiento sospechoso, por lo que procedieron a inspeccionar el vehículo.
Durante la revisión encontraron dos pistolas: una con cargador y cuatro cápsulas, y otra desarmada. Además, en el compartimiento central del automóvil se localizó un cargador especial con capacidad para 30 cápsulas, que contenía 10 proyectiles vivos. La Policía Nacional confirmó que una de las armas incautadas figura como robada en 2018 a un miembro activo de la institución.
Medidas judiciales y destino de los detenidos
Los tres imputados fueron puestos bajo prisión preventiva y enviados a los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, ubicados en San Cristóbal. El tribunal estableció esta medida como parte del proceso judicial en curso por el presunto porte ilegal de armas, conforme a la legislación vigente en la República Dominicana.
La acción policial y la medida judicial se enmarcan en los esfuerzos por controlar la tenencia ilegal de armas en el país, un tema de alta prioridad para las autoridades de seguridad.
Para más información sobre normativas y procedimientos legales en el país, puede consultarse el portal oficial del gobierno dominicano.
Este caso refleja la aplicación de las leyes penales en materia de armas y la atención judicial rápida ante sospechas de delitos relacionados con la seguridad pública.
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