Bolivia promulga ley de estado de excepción tras 39 días de protestas sociales
El presidente Rodrigo Paz autoriza intervención militar para controlar bloqueos y manifestaciones
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley 1740 que establece un estado de excepción, permitiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía ejecutar operativos conjuntos para reprimir las protestas sociales que se mantienen desde el 1 de mayo. La medida busca intervenir directamente en los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de fuerte tensión social y crisis de suministros. Esta decisión ha generado críticas y advertencias internacionales sobre el posible debilitamiento de las garantías democráticas y los derechos humanos en el país.
Contexto y alcance de la ley de estado de excepción
La nueva ley faculta la intervención militar directa en el control del orden interno, una acción que el presidente Paz defendió como necesaria para “proteger a los bolivianos” y cumplir con la Constitución. Durante la promulgación, realizada en el Palacio de Gobierno ante el alto mando castrense, el mandatario vinculó implícitamente las protestas con el “narcoterrorismo”, refiriéndose al caso del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado y extraditado a Estados Unidos en marzo.
Paz destacó que esta norma permite a las fuerzas de seguridad implementar un plan diseñado para restablecer la normalidad económica y evitar la desestabilización. Además, agradeció el respaldo del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien ha expresado públicamente su apoyo al gobierno boliviano y ha pedido evitar el “dominio del narcoterrorismo” en el país.
Para que la ley entre en vigor completamente, el Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que será revisado en un plazo de 72 horas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La promulgación se da en medio de una crisis de desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas tras casi 40 días de manifestaciones.
Reacciones y denuncias frente a la medida
El expresidente y líder social Evo Morales alertó a la comunidad internacional sobre los riesgos de esta ley, señalando que “debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos”, además de ampliar la intervención militar y limitar el control judicial y parlamentario. Morales solicitó vigilancia permanente de organismos internacionales para proteger el Estado de Derecho y las libertades en Bolivia.
En paralelo, los sectores movilizados han denunciado la represión. El lunes se registraron enfrentamientos en el puente río Kora 2, en el municipio de Vinto, Cochabamba, donde al menos 23 personas fueron detenidas.
Advertencia de campesinos en Cochabamba
La Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, en Cochabamba, advirtió que responderá con la toma de cuarteles militares en la región del Chapare si se decreta un estado de sitio. Mario Rivera, secretario de relaciones, declaró: “Esta ley genera desconfianza en el pueblo. El Gobierno debe pensar bien antes de ordenar a los militares y policías ir a los puntos de bloqueo”. Rivera enfatizó que el pueblo está cansado y que responderá a cualquier ataque del gobierno, en declaraciones difundidas por Radio Kawsachun Coca.
Esta medida marca un punto crítico en la crisis política y social que atraviesa Bolivia, donde las protestas reflejan desacuerdos profundos sobre la gobernabilidad y el orden público. Para más información sobre el marco legal y derechos humanos en situaciones de excepción, se puede consultar la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas ONU.
