El activista social y escritor Hanna Bueno advierte que la discusión sobre la seguridad en República Dominicana está marcada por una profunda hipocresía, donde la politización de los hechos delictivos y la crítica a la Policía Nacional ocultan una crisis de intolerancia civil que es la verdadera raíz de la violencia en el país. Bueno, quien asegura haber sufrido tanto el abuso policial como la delincuencia común, sostiene que desacreditar a la uniformada sin reconocer los avances y la complejidad del problema solo conduce a la anarquía.
El autor, que se define como activista social y víctima de ambos males, señala que la seguridad ciudadana se ha convertido en el botín favorito del debate electoral dominicano. Afirma que desde la oposición, cada hecho delictivo de impacto o cada baja civil en operativos se instrumentaliza con rapidez matemática para alimentar una campaña sistemática de desprestigio institucional. Para Bueno, la verdadera madurez democrática exige blindar a la policía de las pasiones partidistas y tratar la seguridad nacional como una política de Estado inamovible, no como un tablero de campaña.
Avances y paradojas en las estadísticas de seguridad
Bueno reconoce que la Policía Nacional ha mejorado notablemente desde las prácticas arbitrarias de los años 90, con avances en profesionalización, transparencia y acercamiento comunitario. Sin embargo, señala que la delincuencia y la violencia social han experimentado una evolución paralela, lo que subraya que los problemas actuales son de índole estructural y no exclusivos de la institución. Las estadísticas oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta reflejan que contener la criminalidad es una tarea titánica, aunque recientemente las autoridades informaron que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes experimentó un descenso técnico notable al corte del 22 de junio de 2026, situándose en un mínimo histórico de 6.98, lo que representa una reducción acumulada del 44.3% en comparación con el 12.54 registrado en el mismo período de 2023.
No obstante, Bueno destaca la paradoja en el trasfondo de los datos. El reporte oficial derriba el mito urbano de que las bandas delictivas son el motor principal de la sangre en el país: el 59% de las muertes violentas se originan directamente por conflictos sociales entre particulares y problemas de convivencia ciudadana, dejando a los delitos asociados a la delincuencia común en un 15% y al crimen organizado en planos minoritarios. Al desglosar este panorama, los datos de la Policía Nacional Dominicana revelan que el 73.4% de estos casos corresponden a riñas callejeras y de bares, el 19.2% a violencia intrafamiliar y un 7.8% a disputas diversas.
La epidemia de intolerancia civil y la carga judicial
Bueno cita a la Procuraduría General de la República (PGR), que advirtió una preocupante tendencia: “Alrededor del 90 por ciento de las amenazas denunciadas en el país son de muerte y constituyen el principal detonante de los homicidios relacionados con conflictos sociales; disputas aparentemente menores por estacionamientos, ruidos o linderos terminan en tragedias fatales causadas por los propios ciudadanos”. El autor subraya que no estamos ante una crisis estrictamente policial, sino ante una epidemia de intolerancia civil. Los datos del Ministerio Público muestran que más del 70% de las personas identificadas en estas investigaciones penales tienen menos de 35 años, evidenciando un profundo fallo de fábrica en el relevo generacional del país.
Este escenario de beligerancia civil se agrava al mirar los delitos contra la propiedad y el tráfico de armas. A pesar de que las denuncias por robos de motocicletas y teléfonos celulares registraron una reducción promedio del 27% en comparación con el año anterior, las patrullas operan en desventaja. El contrabando de armas de fuego —que ingresa camuflado en envíos marítimos comerciales desde Estados Unidos y rutas del Caribe— inunda los sectores vulnerables. La policía se ve obligada a imponer el orden desarmando a una población civil fuertemente armada.
Donde las fronteras del patrullaje se desvanecen por completo es detrás de las puertas del hogar dominicano. Al cierre del primer semestre de 2026, la Fundación Vida Sin Violencia encendió las alarmas al reportar 47 feminicidios íntimos: un repunte drástico del 74% frente al mismo periodo del año anterior. La carga burocrática y judicial de este flagelo es masiva; de acuerdo con los registros de la PGR, los delitos de violencia de género, intrafamiliar y sexual acaparan más de 73,295 denuncias anuales, representando casi el 89% del volumen total de denuncias nacionales. Exigirle a la uniformada que prevenga mágicamente un crimen que se gesta en la intimidad de una habitación, detonado por celos y alcohol durante los fines de semana, desnuda una absoluta falta de prevención comunitaria y familiar, no una falla en el patrullaje de calles.
Como ha señalado puntualmente la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “los conflictos sociales causan más muertes que la delincuencia”, lo que obliga al Estado a concentrar esfuerzos urgentes en fortalecer la convivencia y las herramientas de mediación ciudadana. Bueno critica la hipocresía social y la abierta resistencia ciudadana al orden, señalando que en los barrios se recibe a la policía a botellazos, pedradas y tiros cuando intenta apagar un teteo o detener un desorden, mientras se exige una policía omnipresente cuando el delincuente ataca la propiedad.
La reforma policial y el espejo de la sociedad
El autor reconoce que la ministra Faride Raful enfrenta una tarea titánica al intentar empujar reformas estructurales profundas en una maquinaria viciada por décadas. Señala que, aunque una parte de la opinión pública difiera de sus posturas, estilo o filiación política, la honestidad intelectual exige admitir la magnitud de su cargo: dirigir esa cartera es sentarse en un sillón eléctrico institucional. Bueno advierte que las firmas de asesores internacionales y las inyecciones de presupuesto estatal pueden modernizar cuarteles, digitalizar procesos y mejorar salarios, pero la reforma policial será estéril si la sociedad misma no se reforma.
El autor concluye que la policía es el espejo exacto que refleja las peores miserias colectivas. Si la familia dominicana sigue criando hombres machistas, ciudadanos intolerantes que solucionan desacuerdos a tiros y personas que buscan burlar las normas mediante el amiguismo o el soborno, la policía solo seguirá extrayendo su recurso humano de esa misma cantera deformada. Antes de sumarse al coro del linchamiento mediático, cada ciudadano debería mirar fijamente al abismo y responder con honestidad: ¿Qué sería de este país sin esos miles de hombres y mujeres policías que, día tras día, salen a arriesgar la vida por un salario modesto y el desprecio público?
