El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó el lunes una ofensiva diplomática contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que prometió desmantelar “ladrillo a ladrillo”. En un artículo publicado en The Wall Street Journal y un video difundido en redes sociales, Rubio acusó al tribunal de La Haya de librar una guerra contra Estados Unidos utilizando el derecho internacional como arma.
El máximo diplomático estadounidense afirmó que la CPI representa una amenaza para la soberanía de su país, al interferir en operaciones militares y policiales. Según Rubio, agentes de la Patrulla Fronteriza, marines y fiscales federales que actúan en defensa de Estados Unidos podrían ser perseguidos por el tribunal. “Les enseñaremos a la CPI el verdadero significado de la determinación estadounidense”, advirtió.
Preocupación por posibles crímenes de guerra
Analistas y organizaciones de derechos humanos vinculan la ofensiva de Rubio con el temor de que la CPI investigue acciones militares de la administración Trump. Entre los casos señalados está el bombardeo a una escuela primaria en Minab, Irán, donde murieron al menos 85 niñas, así como la operación de secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, que dejó 80 muertos.
Democracy for the Arab World Now (DAWN) cuestionó si Rubio busca evitar que Irán solicite a la CPI investigar estos hechos como crímenes de guerra. El artículo 12(3) del Estatuto de Roma permite a cualquier Estado, incluso los no firmantes, aceptar la jurisdicción de la Corte sobre crímenes cometidos en su territorio.
Presión sobre aliados para abandonar el Estatuto de Roma
La estrategia de Rubio incluye presionar a países aliados y dependientes de Estados Unidos para que abandonen voluntariamente el Estatuto de Roma, vaciando así de jurisdicción a la CPI. Hungría ya anunció en 2025 que lo haría. Además, se busca imponer sanciones económicas y restricciones de viaje a los funcionarios del tribunal.
La CPI ha emitido órdenes de detención contra figuras como Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte, Omar Al Bashir y Joseph Kony. En respuesta a las órdenes contra Netanyahu y Gallant, el gobierno estadounidense impuso sanciones contra la Corte y su fiscal, Karim Khan, en febrero de 2025, lo que fue calificado por la ONU y Amnistía Internacional como un “ataque al Estado de derecho mundial”.
