Estados Unidos ha dado un giro radical en su postura hacia la Corte Penal Internacional (CPI), pasando de colaborar en la acusación contra el presidente ruso Vladímir Putin a lanzar una ofensiva contra el tribunal para proteger a Israel. Esta estrategia, lejos de frenar el avance del derecho internacional, está cediendo el liderazgo global a otras naciones, según un análisis publicado por Project Syndicate.
En 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden ordenó a las agencias de inteligencia compartir pruebas de crímenes de guerra rusos con la CPI para imputar a Putin, rompiendo con décadas de oposición de Washington a la jurisdicción del tribunal sobre países no signatarios del Estatuto de Roma, como lo son Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, en noviembre de 2024, Biden cambió de opinión cuando la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, calificando la decisión de “indignante”.
Sanciones y campaña contra la CPI
Donald Trump, sucesor de Biden, intensificó la presión al imponer sanciones a funcionarios de la CPI, incluyendo la congelación de sus activos. En agosto de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a la Corte de ser “un instrumento de guerra jurídica”. Para diciembre de ese año, 11 jueces y fiscales de la CPI habían sido sancionados por Estados Unidos, y a mediados de julio, el Departamento de Estado lanzó una campaña para desmantelar el tribunal.
El comportamiento reciente de Estados Unidos, que coopera con la CPI contra un enemigo pero la ataca cuando actúa contra un amigo, ignora el principio de complementariedad del Estatuto de Roma. La CPI solo interviene cuando un gobierno nacional no investiga de buena fe los crímenes de guerra y contra la humanidad. La objeción jurisdiccional de Israel, que sostiene que Palestina no es un Estado, evita una salida sensata: una investigación genuina de los crímenes denunciados por el fiscal de la CPI.
El poder efímero y los precedentes históricos
El análisis señala que la influencia de la CPI no radica en la detención, ya que carece de autoridad policial, sino en hacer costoso para los imputados ser vistos con ciertas figuras. Putin, por ejemplo, no puede ingresar a los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma sin riesgo de ser detenido, y la orden contra Netanyahu lo obliga a considerar si otros gobiernos actuarían en su contra. Las sanciones de Estados Unidos no han aliviado esta preocupación.
La historia muestra que el poder es efímero. El general Augusto Pinochet, pese a su inmunidad como expresidente de Chile, fue detenido en Londres en 1998. Aunque evitó el juicio, su caso sentó un precedente que llevó a la condena del exdictador chadiano Hissène Habré en 2016 y al juicio del serbio Slobodan Milošević, quien falleció bajo custodia en La Haya. La ley no alcanzó a estos hombres hasta después de que dejaran el poder, lo que sugiere que la protección del poder solo retrasa la rendición de cuentas.
Tras 1945, Estados Unidos estableció un orden mundial donde resolvía disputas mediante instituciones bajo su influencia. La creación de la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) introdujo mecanismos para desafiar ese dominio. Ahora, un magistrado de un Estado menos influyente puede oponerse a un gobierno poderoso sin su permiso, como cuando Sudáfrica presentó una denuncia por genocidio contra Israel ante la CIJ en diciembre de 2023.
Estados Unidos no puede vetar las decisiones de la CPI o la CIJ como lo hace en el Consejo de Seguridad de la ONU. Frente a esto, tiene dos opciones: sumarse al sistema e influir desde dentro, o boicotear los tribunales y renunciar a su voz. Ha optado por lo segundo, cediendo la iniciativa a otros países en un momento en que el mundo se divide en bloques rivales y la cuestión de quién establece las normas está abierta.
Pinochet creyó que en Londres estaba fuera del alcance de la ley, pero se equivocó. Estados Unidos, según el análisis, está haciendo la misma apuesta a mayor escala: que las leyes internacionales que ayudó a redactar nunca puedan usarse en su contra.
