El reconocido economista Joseph E. Stiglitz advirtió que la desigualdad extrema no es un fenómeno inevitable de las economías modernas, sino el resultado directo de decisiones en materia de política pública. Ante este escenario, el experto, quien preside el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global del G20, propuso formalmente la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad (IPI) para evaluar científicamente este problema a nivel mundial y brindará herramientas de decisión a los gobiernos.
Stiglitz señaló que la desigualdad actual representa una amenaza crítica para la democracia, ya que permite que las élites y grandes corporaciones influyan de manera desmedida en la creación de leyes y agendas políticas. Según el economista, la concentración de riqueza también afecta el control de la información, mencionando que la opinión pública se ve comprometida cuando un pequeño grupo de personas controla gran parte de los medios y plataformas digitales.
Impacto en la República Dominicana
En el contexto local, el informe destaca que la desigualdad en la República Dominicana registró un incremento en 2025. A pesar de que la nación ha mantenido uno de los ritmos de crecimiento más altos de América Latina, las brechas sociales persisten; datos del World Inequality Database indican que el 10 % de la población con mayores ingresos concentra el 45 % de los ingresos totales, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 11 %.
Ante esta realidad, el economista hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que el país asuma un rol protagónico en la lucha global contra la disparidad económica mediante el apoyo al establecimiento del IPI.
Propuesta de un organismo global
El proyecto del Panel Internacional sobre Desigualdad busca funcionar de forma similar al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), con la misión de generar evaluaciones rigurosas sobre los factores que determinan la desigualdad y los éxitos o fallos de las políticas implementadas. El objetivo es que los gobiernos cuenten con información precisa antes de ejecutar reformas tributarias o acuerdos comerciales que puedan alterar la distribución de la riqueza.
La iniciativa cuenta con el respaldo de gobiernos como Brasil, Sudáfrica, España y Noruega, además del apoyo del secretario general de la ONU. Se espera que la propuesta sea debatida por líderes mundiales durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.
