Con el objetivo de enfrentar la violencia contra las mujeres, el Gobierno dominicano trabaja en la implementación de políticas integrales que buscan transformar las dinámicas sociales y fortalecer la protección de las víctimas. Estas acciones se desarrollan en un contexto donde, según la Procuraduría General de la República, se registraron “más de 842,288 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en el período 2015-2025”.
Para coordinar estos esfuerzos, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, lideró una reunión del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas. En este encuentro participaron más de 20 instituciones del Estado, junto a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el fin de superar la dispersión institucional y unificar la respuesta ante este fenómeno social.
Avances en tecnología y descentralización de servicios
Uno de los logros más destacados en la gestión actual es la integración de datos entre la Línea 212 del Ministerio de la Mujer y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Esta herramienta permite identificar zonas de mayor riesgo y patrones de recurrencia para optimizar el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se anunció el lanzamiento del Programa PRISMA 2027, una iniciativa que comenzará su operatividad en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. Este programa busca descentralizar la atención mediante alianzas con asociaciones sin fines de lucro, asegurando que los servicios de apoyo lleguen directamente a las comunidades más vulnerables bajo la supervisión estatal.
Fortalecimiento del marco legal y enfoque estructural
En el ámbito jurídico, se avanza en la creación de la Ley Mirabal, un anteproyecto que pretende consolidar un sistema que abarque desde la prevención hasta la reparación de daños, dotando de coherencia al marco legal vigente.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha señalado la importancia de abordar la violencia como un problema estructural vinculado a la mortalidad materna, la desigualdad territorial y la pobreza. Desde la administración se reconoce que para erradicar este problema es necesario combinar la justicia con políticas de desarrollo que combatan la exclusión y promuevan la igualdad desde la educación.
