El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió este miércoles a los países latinoamericanos que forman parte de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC) que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), durante un discurso en Ciudad de Panamá. La solicitud se enmarca en la ofensiva del presidente Donald Trump contra el narcotráfico, que incluye bombardeos en el Caribe y el Pacífico.
Presión contra la CPI en foro regional
Durante su intervención en el foro de la ACCC, Hegseth afirmó: “Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”. El funcionario estadounidense sostuvo que las naciones deben responder solo ante sus ciudadanos y constituciones, no ante “burócratas internacionales no electos”.
Hegseth también acusó a la CPI de buscar ejercer jurisdicción sobre el personal militar estadounidense y de países aliados, así como sobre sus operaciones, calificando esto como una “ilegal”. En su administración, el secretario renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, un cambio que no fue autorizado por el Congreso.
Contexto de los bombardeos y críticas
La petición de Hegseth se da en el marco de los bombardeos ordenados por Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que según un conteo de la AFP han causado unos 215 muertos en aproximadamente 53 ataques. Juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, un crimen que la CPI tiene facultad de investigar.
El secretario de Defensa señaló: “La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios”.
La administración Trump ya ha impuesto sanciones, como la prohibición de viaje a Estados Unidos y la congelación de activos, a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por las investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington.
