Cuatro agrupaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han interpuesto una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito en Nueva York contra el gobierno de Estados Unidos. El objetivo de la acción legal es frenar un decreto presidencial que impone sanciones económicas y restricciones de visado, las cuales, según los demandantes, entorpecen ilegalmente sus labores de investigación, defensa humanitaria y representación jurídica a nivel global.
La demanda cuestiona un decreto ejecutivo emitido en febrero de 2025. Dicha orden permite al gobierno estadounidense congelar activos y prohibir la entrada al país a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), así como a extranjeros que ayuden en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o sus aliados sin autorización previa. El Ejecutivo justificó estas medidas argumentando que tales procesos judiciales representan una amenaza excepcional para la política exterior y la seguridad nacional de la nación.
Impacto de las sanciones y contexto del conflicto
Según los documentos presentados, el Departamento del Tesoro ha ejecutado este esquema de sanciones contra la fiscal de la magistratura internacional, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados y tres organizaciones palestinas dedicadas a los derechos humanos. Las ONG sostienen que este marco normativo reduce drásticamente su capacidad para colaborar, investigar y litigar en pro de la rendición de cuentas por delitos internacionales.
La tensión entre la administración estadounidense y la CPI se ha agudizado tras las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí y su antiguo ministro de Defensa por presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra en Gaza. Aunque Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma, la Corte ratificó su competencia territorial sobre el territorio palestino, desestimando los intentos de impugnar su jurisdicción.
Fundamentos legales del litigio
Las organizaciones demandantes afirman que el decreto vulnera diversas normativas, incluyendo la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, además de las Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. En contraste, un vocero de la Casa Blanca defendió la postura oficial, indicando que las acciones de la Corte afectan la soberanía de su país y de sus aliados.
Este proceso judicial se integra a una serie de acciones legales recientes, entre las que se encuentran las demandas presentadas por tres juezas de la CPI y otras agrupaciones de la sociedad civil contra las medidas del gobierno.
