Diversas organizaciones de derechos humanos a nivel global han solicitado formalmente a las autoridades de El Salvador que brinden garantías de seguridad a la abogada Roxana Cardona. La petición surge tras denuncias de constantes actos de intimidación y hostigamiento por parte de elementos de la policía en contra de la defensora.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), operando a través del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, junto a otras entidades, hicieron un llamado urgente para que se investiguen estos incidentes. El objetivo es asegurar la integridad física y psicológica de Cardona, además de frenar cualquier tipo de represalia derivada de su trabajo profesional y su postura en el debate público.
Antecedentes de la defensora
Roxana Cardona es la directora de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana. Su labor se ha centrado en el cuestionamiento de las implicaciones legales de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, especialmente en lo que respecta a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Entre sus actividades principales destaca el acompañamiento jurídico a personas detenidas bajo el régimen de excepción y la presentación de recursos de inconstitucionalidad y hábeas corpus.
Detalles de los incidentes reportados
De acuerdo con los informes recibidos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron recientemente al domicilio de la abogada para solicitar su identificación y realizar un registro de sus datos y de la vivienda, sin ofrecer una explicación clara sobre el motivo de la intervención. Tras hacer pública esta situación, Cardona reportó haber recibido mensajes de un oficial indicando que los mandos policiales estaban molestos con ella. Asimismo, la defensora señaló intentos de acceso no autorizado a sus redes sociales.
El acoso contra la abogada no es un evento aislado; se reporta que estas situaciones comenzaron en 2024. En ese periodo, Cardona denunció la presencia de policías cerca de su casa y enfrentó una denuncia por violencia intrafamiliar que ella considera falsa, situación que incluso derivó en un intento de llevarse a su hija. Debido a este entorno, la abogada tuvo que salir temporalmente del país en 2025, regresando posteriormente para enfrentar la reanudación de estas acciones.
Contexto de derechos humanos en El Salvador
Estos eventos ocurren en un marco de preocupación por las restricciones a las garantías judiciales en El Salvador desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2022. Las organizaciones señalaron que se han documentado casos similares de vigilancia y detenciones de abogados, citando como ejemplos los casos de Ruth López y Enrique Anaya en 2025.
Las instituciones internacionales advirtieron sobre el riesgo de una posible detención arbitraria de Cardona, subrayando que su estado de salud delicado complica la situación. Finalmente, instaron al gobierno salvadoreño a realizar investigaciones imparciales y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a dar seguimiento al caso para garantizar el libre ejercicio de la profesión legal.
