La Asamblea Nacional de Surinam aprobó el pasado 20 de octubre su adhesión a cuatro convenios de La Haya, una medida que busca blindar los derechos de los menores en situaciones que cruzan fronteras. Con una votación de 30 votos a favor, el país caribeño busca fortalecer la protección internacional en temas críticos como la adopción, el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero y la lucha contra la sustracción ilegal de menores.
Esta decisión legislativa aborda la realidad de las familias modernas, donde la globalización ha provocado que los vínculos familiares se distribuyan entre distintos países. El objetivo es evitar que problemas como la custodia de un hijo o el cobro de alimentos se vuelvan imposibles de resolver cuando los progenitores residen en naciones diferentes.
Liderazgo y retos de implementación
El proceso para lograr estos acuerdos fue impulsado por el joven parlamentario Hakiem Lalmahomed, quien no solo promovió la aceleración del trámite, sino que también formó parte de la comisión que revisó los convenios. Sin embargo, el legislador fue enfático al señalar que la aprobación de las leyes no es suficiente por sí sola.
“una norma tiene poco valor si no existen instituciones, presupuesto, personal y responsabilidades claras para implementarla”
Lalmahomed insistió en que para que estas reformas funcionen, el Estado debe garantizar los recursos y la estructura necesaria para que la ley sea aplicable en la práctica.
Un espejo para la realidad de la región
El avance de Surinam pone sobre la mesa una necesidad urgente para países con grandes diásporas, como el caso de Perú, donde más de 3.5 millones de ciudadanos viven fuera de su territorio. Aunque Perú ya participa en convenios sobre sustracción de menores y adopción, todavía tiene pendiente la integración de instrumentos clave como el Convenio de 1996 sobre responsabilidad parental y el de 2007 para el cobro internacional de alimentos.
La falta de estos mecanismos suele convertir la exigencia de una pensión alimenticia en un proceso extremadamente lento y costoso cuando el deudor vive en otro país. El reto para las naciones latinoamericanas es adaptar sus sistemas de protección a una sociedad donde millones de personas estudian, trabajan y forman familias moviéndose constantemente entre fronteras.
