Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump en un tribunal federal de Manhattan, alegando que las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones sobre la guerra en Gaza han limitado ilegalmente su capacidad para defender a los palestinos.
Las entidades DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide sostienen que han tenido que autocensurarse para evitar el escrutinio de la Casa Blanca, luego de que una orden ejecutiva del año pasado impusiera sanciones no solo al tribunal con sede en La Haya, sino también a cualquier entidad que preste o reciba servicios de organizaciones sancionadas.
Impacto en el activismo por los derechos palestinos
La demanda busca anular estas restricciones que afectan la interacción de los demandantes con grupos palestinos de derechos humanos y otras partes involucradas. Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, afirmó que el gobierno de Trump está utilizando sanciones económicas para castigar a defensores de derechos humanos y vigilar las expresiones políticas de millones de estadounidenses.
Shakir también indicó que “el gobierno está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio”. La respuesta de la Casa Blanca a la demanda aún no ha sido recibida.
La CPI, que investiga crímenes de guerra en Gaza, emitió órdenes de arresto en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, quienes han calificado dichas órdenes como absurdas. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros del tribunal y no reconocen su autoridad.
Reacción del gobierno estadounidense
En reacción a las órdenes de arresto, Trump emitió una orden ejecutiva el año pasado, acusando a la CPI de participar en acciones ilegítimas dirigidas contra Estados Unidos e Israel, advirtiendo sobre posibles consecuencias para quienes actúen en consecuencia.
En el último año, Estados Unidos ha impuesto sanciones a grupos de derechos humanos palestinos y a varios jueces y empleados de la CPI, incluida la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, quien también ha presentado una demanda por la violación de sus derechos bajo la Primera Enmienda.
Según la demanda, DAWN ha interrumpido su trabajo en reportes sobre la conducta israelí durante el conflicto, ha dejado de intercambiar pruebas con organizaciones sancionadas y ha tenido que cancelar compromisos profesionales con Albanese.
“El efecto amedrentador sobre los demandantes ha sido profundo”, se menciona en la demanda. “Ahora enfrentan penas de prisión y multas ruinosas si proporcionan o reciben cualquier cosa que pueda ser considerado un ‘servicio’, un término que abarca cualquier acto que confiera un beneficio a su receptor”.
El secretario de Estado Marco Rubio, uno de los demandados, ha criticado a la CPI y prometió que el gobierno de Trump “desmantelará la CPI —ladrillo por ladrillo, si es necesario—”, advirtiendo que el tribunal podría poner en riesgo la soberanía de Estados Unidos. El Departamento de Estado ha señalado que la campaña contra la CPI podría incluir sanciones adicionales y un mayor escrutinio a los países que no rechacen su autoridad.
