Los gremios periodísticos de República Dominicana, tradicionalmente controlados por los mismos grupos internos, enfrentan una ola de cuestionamientos por su aparente falta de pronunciamiento frente al proyecto de reforma del Código Penal, especialmente en lo que respecta a la regulación de las opiniones expresadas en redes sociales y medios de comunicación.
La dirección actual del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) está encabezada por personas con un liderazgo de honestidad comprobada, lo que representa un cambio frente a las alianzas perjudiciales que en el pasado convirtieron a la entidad en un espacio de aprovechamiento personal. Sin embargo, quienes antes actuaron con impunidad en beneficio propio, ahora se presentan como defensores de la libertad de expresión y critican la supuesta inacción del CDP ante la situación actual.
Estos críticos tienen la osadía de señalar la apatía de la dirección del CDP, cuando son ellos mismos los responsables de haber limitado las capacidades de la institución. La impunidad con la que actuaron los llamados gremialistas fue lo que estancó el desarrollo de un organismo fuerte y participativo en la defensa de la libre difusión del pensamiento y el ejercicio periodístico.
El origen del estancamiento institucional
Desde el interior del CDP se sembró una semilla de participación basada en derechos personales, que desvirtuó cualquier actividad que debía beneficiar el deber de informar. Incluso crearon entidades paralelas con los mismos fines dentro de la propia institución, una práctica que persiste hasta hoy. Un ejemplo de ello fue la respuesta de un secretario general pasado, quien justificó la falta de institucionalidad señalando que esa misma ausencia de reglas le permitió cometer sus fechorías sin recibir sanción alguna.
Es necesario evitar que el CDP y otras instituciones del sector vuelvan a caer en el desorden organizado que ha permitido acciones que, en una sociedad estructurada, habrían llevado a esos personajes tras las rejas.
