Organizaciones políticas, sociales y sindicales internacionales han lanzado un llamado de solidaridad con el Pacto Histórico y el Partido Comunista Colombiano (PCC), denunciando una grave ola de violencia, estigmatización y persecución política que se ha desatado en el país sudamericano tras las elecciones del pasado 21 de junio. La campaña sistemática, dirigida contra militantes de izquierda y comunistas, ha encendido las alarmas por la seguridad en el departamento de Antioquia, según un comunicado difundido este 29 de julio.
La ajustada victoria de Abelardo de la Espriella por un margen de 250.000 votos ha dado paso, según los firmantes, a una estrategia de deslegitimación democrática, discursos de odio y agresiones físicas y simbólicas contra la militancia del Pacto Histórico y, de manera focalizada, contra el Partido Comunista Colombiano y sus liderazgos regionales. El documento, firmado por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y el Foro Abogacía y Democracia, expresa una “profunda preocupación y absoluta condena” ante los hechos.
Estigmatización y bloqueo democrático
Las organizaciones denuncian el desconocimiento de los mecanismos democráticos del nuevo gobierno y la campaña de criminalización promovida por el presidente electo y su equipo hacia los cuatro años del “Gobierno del Cambio”, al que pretenden catalogar falsamente como un “desgobierno”. Señalan que esta narrativa se ha trasladado a las mesas de empalme, donde el equipo entrante se niega a reconocer los mecanismos legítimos de transición y utiliza estos espacios para desinformar y estigmatizar a los funcionarios actuales.
Amenazas, terrorismo y persecución
El comunicado detalla varios incidentes de gravedad. Entre ellos, una joven lideresa de la Juventud Comunista (JUCO) ha recibido amenazas de muerte tras la tergiversación de sus declaraciones en redes sociales. En Antioquia, tres militantes del PCC recibieron panfletos amenazantes firmados por el grupo ilegal “Ejército Gaitanista Colombiano” (EGC), aunque este desmintió la autoría, lo que las organizaciones interpretan como un intento de sembrar el terror. El hecho más grave ocurrió en Medellín, donde las autoridades desactivaron material explosivo en las inmediaciones de la sede del Partido Comunista, calificado como un acto de terrorismo directo. También se reportan agresiones verbales contra el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín, y se señala al concejal Andrés Gutiérrez y al futuro representante David Toledo por utilizar símbolos de violencia e incitar a la agresión.
Las organizaciones firmantes alertan que, sin haberse producido aún la posesión del nuevo gobierno, ya se registran agresiones cotidianas en la calle contra ciudadanos identificados con liderazgos de izquierda, lo que consideran un peligro inminente para la democracia colombiana.
