El Ministerio de Sanidad español, liderado por Mónica García, impulsa una nueva normativa que busca ordenar y estandarizar la vacunación internacional en todo el país. La iniciativa, presentada a consulta pública, pretende resolver la dispersión normativa actual y establecer un marco jurídico integral que garantice una atención homogénea y segura para los ciudadanos que viajan al extranjero.
Según el texto de la consulta, el proyecto de Real Decreto tiene como objetivo principal “establecer un marco jurídico integral para la prestación de vacunación internacional que garantice una actuación homogénea, segura, eficiente y coordinada en todo el territorio nacional”. La norma regulará aspectos como la autorización de centros, las funciones de los profesionales, el acceso de la ciudadanía, la administración de vacunas y la expedición de certificados internacionales.
Una cartera de servicios unificada
La nueva regulación definirá una cartera de servicios que incluirá asesoramiento sanitario, vacunación, quimioprofilaxis, emisión de certificados internacionales y otras actuaciones preventivas relacionadas con los viajes. También establecerá los requisitos para la prestación de estos servicios y el funcionamiento de los centros autorizados. El Ministerio busca así acabar con la falta de criterios comunes en la autorización, organización y supervisión de los centros, así como homogeneizar los procedimientos en todo el territorio nacional.
Además, la norma reforzará la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios asociados a los desplazamientos internacionales, impulsará la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información, y fortalecerá la vigilancia epidemiológica y la gestión de alertas sanitarias. También se asegurará la formación continuada de los profesionales mediante protocolos comunes basados en la evidencia científica y las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.
Plazo para aportaciones
Desde el Ministerio de Sanidad defienden que la aprobación de este Real Decreto es la única vía posible para lograr una regulación integral. En el texto de la consulta explican que, aunque protocolos no normativos podrían mejorar aspectos operativos, “carecen de rango suficiente para regular aspectos esenciales como la definición de la cartera de servicios, los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros”. Por ello, insisten en la necesidad de “adoptar una solución regulatoria que dote a estas actividades de un marco jurídico integral, sistemático y actualizado”. El plazo para el envío de aportaciones permanecerá abierto hasta el próximo 7 de septiembre.
