La región de Castilla y León formalizó su integración al Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC), junto con las comunidades de Aragón y Extremadura. El anuncio se realizó durante la reunión del Comité Ejecutivo de este organismo, celebrada en el Monasterio de San Pelayo, en Cevico Navero (Palencia), con la presencia del consejero Joaquín Antonio Pino y el director general Ignacio de la Fuente.
Esta incorporación permite que Castilla y León participe de forma directa en un ente consultivo con reconocimiento diplomático y autoridad a nivel mundial. El CIC colabora con instituciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y destaca por ser la única asociación de este tipo con estatus de observador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Impacto en la gestión y visibilidad internacional
La adhesión busca proyectar el modelo de gestión de la fauna de Castilla y León en el extranjero y participar en foros técnicos de alto nivel. Asimismo, la región pretende defender ante las instituciones de la Unión Europea que la caza regulada es una herramienta clave para el desarrollo de las zonas rurales y la gestión de la biodiversidad.
Durante el encuentro, Joaquín Antonio Pino defendió la compatibilidad entre la actividad económica y la protección del entorno.
“Nuestra prioridad es acabar con la confrontación artificial entre conservación y actividad humana. El territorio se conserva gestionándolo y contando con quienes lo conocen y lo cuidan cada día”
, afirmó el consejero.
Importancia económica y territorial de la actividad cinegética
La actividad cinegética abarca más del 88% del territorio de Castilla y León, contando con unos 5.500 cotos y diez Reservas Regionales de Caza, lo que posiciona a la comunidad como uno de los referentes europeos en la materia. Este sector es un motor económico vital para las comarcas rurales, ya que genera empleo y dinamiza servicios como la hostelería y el alojamiento.
En este sentido, la administración regional anunció que fortalecerá las Reservas Regionales como un eje central de su política. Este modelo de gestión pública busca equilibrar la vigilancia técnica de las especies con la generación de ingresos en las zonas rurales.
Nuevas herramientas y reducción de trámites
Como parte de las medidas para facilitar la labor de los gestores y cazadores, la Junta ha impulsado cambios como la voluntariedad en el sistema de precinto digital y la autorización de visores térmicos nocturnos para la caza mayor. Estas acciones tienen como objetivo mejorar el control de poblaciones, prevenir riesgos sanitarios y reducir daños en las explotaciones agrícolas.
“La regulación debe garantizar la conservación y el cumplimiento de la ley, pero también facilitar una gestión eficaz. Nuestro compromiso es reducir cargas innecesarias, aportar seguridad jurídica y ofrecer herramientas útiles al sector”
, señaló Pino.
Finalmente, el consejero reiteró que la administración mantendrá un diálogo constante con las federaciones y profesionales del sector para asegurar que las políticas públicas se ajusten a la realidad del territorio y contribuyan a fijar población en los pueblos.
