La implementación de la nueva normativa para combatir el lavado de dinero en Guatemala traerá cambios significativos en la forma en que las empresas gestionan sus operaciones y riesgos. Durante una entrevista en el espacio ALas845, especialistas de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana detallaron cómo esta legislación busca modernizar el control financiero y alinearse con estándares internacionales.
Alfonso Crespo y Mynor Ávila, socios de la Práctica de Integridad y Cumplimiento de EY, explicaron que la nueva ley surge de la necesidad de unificar normativas previas. Según Crespo, el objetivo fue fusionar las reglas que antes separaban la prevención del lavado de dinero de las que combatían el financiamiento al terrorismo.
Nuevos mecanismos de vigilancia
Uno de los puntos clave es la transición hacia métodos de monitoreo más sofisticados. Mynor Ávila señaló que, a diferencia de las leyes de hace dos décadas, el enfoque actual se centra en la debida diligencia y el seguimiento constante de las operaciones. “Ahora se analiza la debida diligencia y un monitoreo de transacciones; antes se podían seguir los cheques y ahora son otros mecanismos”, indicó el experto.
Esta actualización responde directamente a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La normativa busca que las instituciones no solo vigilen el sector bancario, sino que también incluyan a abogados, auditores, cooperativas y organizaciones no gubernamentales (Oenegés) en el esquema de reportes de transacciones sospechosas.
Sectores bajo la lupa
La ley pone especial atención en las actividades consideradas vulnerables, como el sector inmobiliario, donde la compra de bienes suele utilizarse para justificar fondos ilícitos. Al respecto, Crespo aclaró que la intención no es castigar el uso del dinero, sino mejorar la gestión de control. “Viendo como han sido usadas para mover fondos y financiar organizaciones criminales, ahora Guatemala los baja a una regulación global. No quiere decir que no podemos usar el dinero, sino que se trate de una gestión con mayor control”, explicó.
También se mencionó la importancia de vigilar la intencionalidad de los movimientos. El análisis de riesgos ahora busca detectar patrones, como la división de un gran monto en múltiples transacciones pequeñas para evadir controles. Además, en el ámbito digital, se exigirá que las plataformas de pagos permitan identificar claramente al beneficiario final, evitando el anonimato.
Alcance y cumplimiento para organizaciones
Respecto a las Oenegés, Crespo precisó que su inclusión se debe al riesgo de que fondos públicos o donaciones extranjeras terminen financiando fines ilícitos, como campañas políticas o grupos armados. “No es que las oenegés en su totalidad están sancionadas, sino que cada una de éstas debe hacer el ejercicio de analizar sus casos, y determinar si se requieren esfuerzos para prevenir el lavado de dinero”, detalló.
Finalmente, los especialistas recomendaron que las empresas primero determinen si están sujetas a la ley y realicen una evaluación de riesgos para establecer políticas internas que permitan identificar, categorizar y reportar correctamente cualquier actividad sospechosa.
