La Policía Nacional enfrenta un complejo escenario al intentar equilibrar su deber de proteger la integridad de los sospechosos con la necesidad urgente de frenar el desborde de la criminalidad en la República Dominicana. Como institución que ostenta el monopolio del uso de la fuerza, el organismo estatal tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida de quienes son perseguidos por presuntos delitos, respetando el marco de un Estado social y democrático de derecho que no contempla la pena de muerte.
Este escenario se vuelve crítico cuando los métodos de persuasión fallan y los delincuentes deciden enfrentar directamente a las autoridades. En tales circunstancias, la institución policial se encuentra atrapada entre la exigencia de una población que demanda respuestas ante la inseguridad y las críticas que recibe cuando sus intervenciones, como los intercambios de disparos, salen de los márgenes de lo políticamente correcto.
El conflicto entre la imagen institucional y la seguridad pública
El debate surge cuando las acciones de la policía para combatir el crimen afectan su percepción ante la sociedad legalista. Mientras la ciudadanía busca alivio ante la impotencia que genera ser víctima de la delincuencia, la institución debe lidiar con juicios que, en ocasiones, cuestionan la forma en que se combate la criminalidad.
No obstante, el análisis sugiere que la prioridad debe ser la protección de los 11 millones de dominicanos y de los millones de turistas que visitan el país. Frente a un grupo reducido de criminales con conductas irrecuperables, la autoridad tiene la obligación de priorizar la tranquilidad colectiva.
La obligación del Estado de garantizar la paz social
Bajo el concepto de la necesidad de preservar el derecho de la mayoría, el Estado tiene la facultad de emplear medidas contundentes para asegurar la estabilidad. La seguridad ciudadana no debe entenderse como un concepto abstracto, sino como la garantía real de que los dominicanos puedan transitar por las calles y descansar sin temor.
