Para evitar que República Dominicana enfrente una crisis de vivienda similar a la que atraviesa España, es fundamental anticiparse mediante una planificación urbana integral y la optimización de los procesos de construcción. El desafío consiste en asegurar que la oferta de hogares crezca al mismo ritmo que la demanda, evitando que el aumento en los costos de suelo, el financiamiento y los tiempos de gestión encarezcan el acceso a la propiedad para la población.
Actualmente, el país enfrenta un déficit habitacional estimado por Acoprovi en 1.46 millones de unidades. De este total, cerca de 392,000 son viviendas que faltan por construir, mientras que más de un millón representan un déficit cualitativo, refiriéndose a hogares que ya existen pero necesitan mejoras en sus estructuras o servicios básicos.
Factores que encarecen la vivienda
El costo final de un inmueble está condicionado por una combinación de tasas de interés, costos de materiales y, especialmente, el tiempo de ejecución. Los retrasos en la obtención de permisos de construcción impactan directamente en el precio, ya que cada mes adicional de espera se traduce en costos financieros que terminan asumiendo los compradores.
En este sentido, la agilización de la permisología es un punto crítico. El objetivo no es reducir los controles urbanísticos o ambientales, sino hacerlos más eficientes mediante la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para automatizar verificaciones y reducir la burocracia sin perder la seguridad técnica.
Herramientas para el desarrollo habitacional
La gestión de la vivienda debe ir más allá de la construcción de casas; requiere la creación de ciudades con servicios esenciales como agua, energía, salud, educación y movilidad. Para lograrlo, se destaca la importancia de la colaboración entre el Estado, los municipios y el sector privado.
Instrumentos como la Ley 189-11 y los fideicomisos de viviendas de bajo costo han demostrado ser efectivos al combinar incentivos públicos con inversión privada. Sin embargo, se sugiere fortalecer el uso de alianzas público-privadas, la contratación pública y los fideicomisos públicos para movilizar terrenos y financiamiento de manera más creativa.
Finalmente, se subraya la necesidad de que el Estado actúe con mayor celeridad en el pago de incentivos. Aunque la DGII anunció el pago de aproximadamente 1,000 millones de pesos pendientes por Bonos de Vivienda de Bajo Costo durante 2026, se enfatiza que la oportunidad en estos pagos es vital para mantener el dinamismo del sector.
