El presidente Luis Abinader dio inicio al Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, un proyecto diseñado para reforzar la integridad y combatir la corrupción dentro de la administración estatal. La iniciativa arranca con una etapa piloto que alcanzará a 3,000 trabajadores de siete entidades que gestionan fondos públicos.
El lanzamiento se llevó a cabo en el Palacio Nacional, donde las autoridades subrayaron la necesidad de que los empleados del Estado actúen bajo la responsabilidad de sus cargos, anteponiendo siempre el bienestar común a los intereses personales. Durante el evento, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó la relevancia de mantener una conducta ética al desempeñar las funciones del Estado.
Detalles de la formación
Este programa de capacitación consta de 16 horas de instrucción bajo una modalidad virtual autogestionada, lo que permite a los empleados completar el curso según su propio ritmo. El contenido se centra en cuatro pilares fundamentales:
- Ética en el servicio público.
- Transparencia estatal.
- Prevención de actos de corrupción.
- Detección y gestión de conflictos de intereses.
El objetivo central es que el personal estatal tenga más claros sus deberes y la responsabilidad que conlleva el manejo de los recursos de la nación. Tras concluir esta fase piloto en las instituciones seleccionadas, se evaluarán los resultados para decidir el futuro del programa.
Colaboración institucional y origen del contenido
La ejecución de este plan es un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de Administración Pública (MAP). Estas entidades buscan integrar la formación en valores como parte del proceso de profesionalización de la carrera administrativa.
Cabe señalar que los materiales base del curso fueron una donación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana. Posteriormente, estos contenidos fueron adaptados y estructurados para ajustarse a la realidad y las necesidades específicas de la administración pública dominicana.
