En una democracia auténtica, la libertad de expresión es un pilar fundamental, pero no puede ser un escudo para la difamación, la extorsión o la divulgación de información falsa. Así lo plantea un análisis editorial que aborda el delicado equilibrio entre proteger este derecho y evitar que se convierta en un refugio para quienes delinquen bajo el disfraz del periodismo.
La revolución digital ha democratizado la comunicación en República Dominicana, permitiendo que cualquier persona pueda crear un canal de YouTube, un programa en redes sociales o un pódcast con una inversión mínima. Si bien esto ha sido positivo para ampliar las voces y reducir el monopolio informativo, también ha abierto la puerta a quienes han hecho del chantaje y la destrucción de reputaciones un modelo de negocio.
En el país no es un secreto que han surgido personajes que, bajo la etiqueta de ‘comunicadores’, han construido fortunas en muy poco tiempo. Algunos han pasado de operar desde una cuenta en redes sociales a ser propietarios de emisoras, estudios de producción y hasta canales de televisión. Aunque no todos lo han hecho de manera cuestionable, existen casos en los que la riqueza repentina ha estado rodeada de denuncias sobre presuntas prácticas de extorsión, presión económica y campañas dirigidas contra empresarios, funcionarios o ciudadanos.
El debate del nuevo Código Penal
Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la óptica de la libertad de expresión, sino también desde la protección del honor, la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de las personas. Ningún derecho es absoluto, y la propia Constitución dominicana reconoce límites cuando el ejercicio de un derecho vulnera los derechos de terceros.
Por esa razón, las modificaciones introducidas al nuevo Código Penal han generado un intenso debate. Sus críticos sostienen que algunas disposiciones podrían usarse para limitar la libertad de prensa o intimidar a periodistas y comunicadores. Esa preocupación merece atención y vigilancia permanente, porque ninguna legislación debe convertirse en un instrumento de censura.
Sin embargo, también resulta evidente que existe otro sector cuya oposición parece responder a intereses muy distintos. Son quienes durante años han operado en un terreno donde la ausencia de consecuencias legales les permitía difundir acusaciones sin pruebas, destruir reputaciones desde una transmisión en vivo o presionar económicamente a personas y empresas bajo la amenaza de una exposición pública.
El equilibrio necesario
La libertad de expresión jamás puede confundirse con una licencia para delinquir. Difamar no es informar. Extorsionar no es investigar. Inventar hechos para obtener beneficios económicos no es ejercer periodismo. Utilizar una cámara o un micrófono para intimidar a ciudadanos tampoco constituye un derecho protegido por los principios democráticos.
Las sociedades modernas buscan un equilibrio. Deben garantizar que ningún gobierno silencie a la prensa independiente, pero también deben impedir que la comunicación digital se convierta en un territorio sin reglas donde prevalezca la ley del más escandaloso o del que tenga mayor capacidad para viralizar contenido falso.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a una confrontación entre libertad y censura. El verdadero debate consiste en determinar cómo proteger simultáneamente dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de toda persona a no ser víctima de la difamación, la extorsión o la destrucción arbitraria de su reputación.
El reto para las autoridades será aplicar la ley con absoluta imparcialidad. Si las nuevas disposiciones terminan utilizándose para perseguir periodistas que investigan actos de corrupción o para silenciar opiniones críticas, el país habrá dado un paso atrás. Pero si se aplican exclusivamente contra quienes utilizan plataformas digitales para cometer delitos comunes bajo el disfraz del ejercicio periodístico, entonces contribuirán a fortalecer el Estado de derecho.
En definitiva, la tecnología cambió la forma de comunicar, pero no modificó los principios básicos de la convivencia democrática. La libertad de expresión seguirá siendo un derecho sagrado, siempre que no se convierta en refugio para quienes hacen del daño ajeno un negocio. Porque en una sociedad verdaderamente libre, la palabra debe protegerse; la impunidad, nunca.
