La antigua residencia que servía como sede de la Embajada de Nicaragua en Santo Domingo ha sido puesta en alquiler, según confirmó el periódico dominicano Diario Libre tras verificar la situación en el lugar. El inmueble, ubicado en la calle Bohechio, quedó disponible luego de que el gobierno de Daniel Ortega ordenara el cierre de dicha misión diplomática el pasado 9 de septiembre.
Este movimiento ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre la República Dominicana y el régimen nicaragüense. La crisis se intensificó después de que el gobierno del presidente Luis Abinader llamara a consultas a su embajadora en Managua, una medida que fue respondida por la administración de Ortega con el cierre de sus oficinas en territorio dominicano.
Contexto de la crisis diplomática
El conflicto tiene sus raíces en la postura crítica de la Cancillería dominicana ante la decisión del gobierno de Nicaragua de eliminar los procesos electorales en su país. El pasado 22 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana emitió un comunicado donde señaló que la supresión de las elecciones representa un “principios esenciales de la democracia representativa”.
La situación de Nicaragua ha generado un fuerte rechazo en la región. Al respecto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, indicó que se prevé una reunión de cancilleres para finales de este mes, con el objetivo de evaluar medidas colectivas ante las decisiones tomadas por la administración de Ortega.
Antecedentes y situación del inmueble
Durante la verificación realizada por Diario Libre en la propiedad de la calle Bohechio, se constató la presencia de una ciudadana haitiana que, según informó, lleva más de una semana residiendo en el domicilio. La sede diplomática había operado en este punto durante años, dentro de una relación bilateral que se mantiene desde hace casi cinco décadas.
A pesar de las presiones internacionales y el escrutinio de organismos como la OEA, el régimen de Nicaragua ha avanzado con reformas constitucionales que buscan asegurar la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, consolidando su control político tras 19 años de gestión.
