Un reciente informe de Amnistía Internacional reveló que diversas compañías de seguridad privada en Camboya, con vínculos directos con la policía, el ejército y élites políticas, fueron piezas clave para mantener una red de ciberestafas basada en la trata de personas, la tortura y la esclavitud moderna.
La investigación detalla cómo estas empresas proporcionaron la infraestructura necesaria para el control de víctimas, quienes eran obligadas bajo amenazas y violencia a realizar fraudes digitales para el mundo entero. Según el organismo, la participación de estas entidades de seguridad permitió que los centros de estafa operaran con impunidad, utilizando la fuerza para evitar fugas y castigar a los detenidos.
Vínculos con autoridades y abusos sistemáticos
Amnistía Internacional identificó cinco empresas de seguridad privada que operaban en estos centros. Entre ellas destaca Leap Somnang, vinculada a 15 complejos de estafas, cuyo presidente de consejo de administración es un coronel de las Fuerzas Armadas de Camboya. El reporte también señala conexiones de otras firmas como Security Response, ZD Security, Dara Security y Best Security con miembros de la policía y altos mandos militares.
El estudio, basado en testimonios de 151 sobrevivientes y documentación de otras 400 víctimas, describe un escenario de horror. Los guardas de seguridad no solo controlaban las salidas, sino que participaban activamente en actos de violencia extrema, incluyendo palizas, descargas eléctricas y la vigilancia de violaciones sexuales dentro de los recintos.
“Cuando los guardas conducen a las víctimas de trata a salas de castigo o montan guardia durante las violaciones y las torturas están permitiendo que se cometan esos abusos, y también lo hacen los actores empresariales supuestamente legítimos que los contratan”
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, subrayó que estos hallazgos confirman sospechas de larga data sobre la relación entre las redes criminales que mueven miles de millones de dólares y personas con poder político en el país.
Falta de rendición de cuentas
A pesar de que el gobierno camboyano lanzó una ofensiva en 2025 que parece haber frenado la actividad a gran escala, la organización denuncia que no se ha castigado a los responsables estructurales. Si bien las autoridades mencionaron sanciones disciplinarias para 77 agentes de policía, no existen investigaciones formales contra las empresas de seguridad señaladas ni sus directivos.
Representantes de las empresas mencionadas han negado las acusaciones. Por ejemplo, Ban Sophat negó tener control sobre Leap Somnang, alegando que solo actuaba como asesor, mientras que otras firmas rechazaron los vínculos con los abusos documentados. Amnistía Internacional exige ahora que el Estado camboyano inicie investigaciones independientes y suspenda las licencias de las empresas involucradas para garantizar la reparación de las víctimas.
