El gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, confirmó este jueves su decisión “irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y dar inicio al proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). La determinación fue anunciada por el canciller Félix Plasencia González, quien señaló que la medida responde a la instrucción directa de la jefa de Estado.
En un comunicado oficial, la administración venezolana argumentó que la CPI ha mostrado un “sesgo geográfico demostrable” al concentrar sus investigaciones en países de África y América Latina, en detrimento de otras regiones. Según el texto, este patrón revela que el sistema de justicia internacional ha sido “instrumentalizado para exacerbar las desigualdades entre los pueblos” y para desconocer el derecho a la autodeterminación y soberanía de las naciones.
Rechazo al lawfare y defensa de la soberanía
El canciller Plasencia González destacó que Venezuela rechaza la práctica del ‘lawfare’, que definió como la persecución judicial contra el pueblo venezolano. “Este sesgo no es una mera coincidencia procesal, sino que refleja una institución que puso sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, afirmó el comunicado.
La nota oficial concluye reafirmando el compromiso de Venezuela con un sistema judicial internacional “verdaderamente equitativo” que respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. La decisión de Caracas se produce en medio de tensiones con organismos multilaterales y refuerza la postura del gobierno de Delcy Rodríguez de defender la independencia del país frente a lo que consideran injerencias externas.
