La Administración de Donald Trump ha abierto una ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo real de asegurar la impunidad para quienes cometan crímenes de guerra, incluso en territorios de países miembros del tribunal. Así lo sostiene un análisis publicado por elDiarioAR, que califica de falacias los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien prometió a mediados de julio “desmantelar” la institución con sede en La Haya.
En una columna en The Wall Street Journal y un video difundido en la red social X, Rubio planteó un escenario distópico donde oficiales estadounidenses, como policías o guardias fronterizos, serían “llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países aleatorios de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”.
Falacias y contradicciones en la postura de Washington
El análisis señala que la CPI no tiene jurisdicción para juzgar delitos cometidos en territorio estadounidense, a menos que Trump despliegue a esos agentes en el extranjero. Además, recuerda que las leyes que aplica la CPI provienen de tratados como la Convención sobre el Genocidio o los Convenios de Ginebra, ratificados por Estados Unidos e incorporados a sus manuales militares. “¿De verdad es antiestadounidense prohibir el genocidio?”, cuestiona el texto.
Rubio se quejó de que su Gobierno no puede “controlar” el derecho internacional, pero el análisis responde que nadie debería poder hacerlo, ya que la ley está pensada para ser obedecida. Trump afirmó: “No necesito el derecho internacional”, una premisa que el artículo califica como inaceptable para un líder decente.
Irónicamente, el texto destaca que Rubio arremetía contra el derecho internacional mientras lo invocaba para hablar de la ilegalidad cometida por Irán al cobrar tasas en el estrecho de Ormuz, pese a que el propio Trump amenazó con hacer lo mismo. “Un buen ejemplo de lo que piensa la Administración Trump sobre el derecho internacional: cuando conviene, utilizarlo como un arma; si se aplica contra EEUU, ignorarlo”, señala la nota.
El verdadero temor: la jurisdicción territorial
Detrás de la retórica, la verdadera objeción de la Casa Blanca es el principio de jurisdicción territorial, que permite a la CPI juzgar crímenes de guerra cometidos por ciudadanos de países no miembros en el territorio de un Estado que sí forma parte del tribunal. “Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo”, afirma el análisis.
Rubio habló de la CPI como una amenaza a la soberanía estadounidense, como si el gobierno tuviera “el derecho soberano de cometer crímenes de guerra”. El artículo cuestiona qué pasa entonces con la soberanía de las naciones que se adhirieron a la CPI para protegerse de crímenes en su territorio.
El análisis recuerda que cuando la CPI se fundó en 1998, el gobierno de Bill Clinton votó contra la jurisdicción territorial, perdiendo por una mayoría abrumadora de 120 votos a favor y siete en contra. Estados Unidos cambió de postura en marzo de 2023, cuando la CPI imputó al presidente ruso Vladímir Putin por el secuestro de niños ucranianos. En ese momento, el presidente Joe Biden consideró las acusaciones “justificadas” y el senador Lindsey Graham aplaudió la medida.
Sin embargo, el idilio duró poco. En noviembre de 2024, cuando la CPI imputó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa Yoav Gallant, entró en juego la “excepción israelí” y Biden se indignó. Dos meses después, Trump regresó a la presidencia y sancionó a varios jueces y fiscales de la CPI.
Riesgos concretos para la administración Trump
El artículo subraya que la jurisdicción territorial es clave para hacer justicia en atrocidades como las de Ruanda en la República Democrática del Congo o las de Emiratos Árabes Unidos en Sudán. Pero lo que más preocupa a la Administración Trump es que se utilice en su contra, por ejemplo, por ejecuciones sumarias en aguas de Venezuela o Colombia, o por complicidad en el genocidio de Gaza al seguir entregando armas a Israel.
Rubio promete una “carga frontal” contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los gobiernos que cooperan con el tribunal. “Su plan es poner al descubierto ‘los riesgos que implica para los estadounidenses’. Es poco probable que convenza a nadie. El verdadero riesgo es un posible juicio a las autoridades de la Administración Trump por crímenes de guerra cometidos en países miembros de la CPI. ¡Dios no lo quiera!”, concluye el análisis.
