Durante el año 2025, el comercio de mercancías entre Estados Unidos y la República Dominicana reflejó una ventaja significativa para el mercado estadounidense, con un saldo a su favor de aproximadamente US$5,300 millones. Según las cifras registradas, Washington colocó cerca de US$12,900 millones en productos en el territorio dominicano, mientras que las compras realizadas a la nación caribeña ascendieron a unos US$7,600 millones.
Este intercambio bilateral, que alcanzó un total de US$20,500 millones, muestra que por cada dólar que Estados Unidos adquiere de productos dominicanos, logra vender cerca de US$1.70 en el país. En términos porcentuales, las ventas de los productos estadounidenses representaron el 63 % del total del movimiento comercial, frente al 37 % que correspondió a las exportaciones dominicanas hacia el norte.
Tensiones por aranceles y el mercado del arroz
El panorama comercial se ve influenciado por nuevas fricciones, especialmente debido a que ciertos productos de la República Dominicana están sujetos a un arancel del 12.5 % al ingresar a Estados Unidos. Esta medida representa un nuevo obstáculo para los exportadores locales, revirtiendo la tendencia de reducción de barreras que se había mantenido durante casi veinte años bajo el marco del DR-CAFTA.
A la par de estas restricciones, el gobierno estadounidense ha mantenido una postura de presión para que República Dominicana permita un mayor acceso al mercado local para el arroz producido en su territorio. Washington sostiene que la administración dominicana no está cumpliendo con los procesos de desgravación progresiva acordados en el tratado de libre comercio.
Protección a la producción nacional y seguridad alimentaria
Frente a estas exigencias, el Gobierno dominicano ha optado por implementar medidas de resguardo para proteger a los agricultores locales, considerando el arroz como un elemento clave para la seguridad alimentaria del país. Actualmente, el esquema permite el ingreso de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense sin pagar aranceles; sin embargo, cualquier cantidad que exceda ese límite enfrenta un impuesto del 99 %.
Esta política de protección busca evitar un impacto negativo en la economía de miles de productores dominicanos, manteniendo un equilibrio entre las obligaciones internacionales y la estabilidad del sector agrícola nacional.
