Jueces de los distritos nacionales y de Santo Domingo Este dictaron este lunes diversas medidas de coerción contra los propietarios y representantes de varias armerías, señalados por la presunta comercialización ilegal de armamento y municiones. Entre las sanciones económicas impuestas, destaca una garantía de 4 millones de pesos para Braulio Veras Rodríguez, mientras que otros implicados deberán pagar montos que oscilan entre los 500,000 y 3.5 millones de pesos, según el proceso judicial derivado de la Operación Armum.
Además de las fianzas, los acusados enfrentan la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse de manera regular ante el Ministerio Público que lidera la investigación. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, validó la calificación jurídica del Ministerio Público, que vincula a los imputados con la violación de varios artículos de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo que podría resultar en condenas de hasta 20 años de cárcel.
Detalles de las medidas económicas
En el Distrito Nacional, la lista de garantías económicas incluye a Henry Leónidas Tejeda Peralta con 3.5 millones de pesos y Alexis Díaz Rodríguez con 3 millones de pesos. Por su parte, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán depositar 2 millones de pesos cada uno, mientras que Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alfonso Quezada fueron fijados con una garantía de 1 millón de pesos cada uno.
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, se aplicaron medidas de coerción similares para María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez, quienes deberán cumplir con una fianza de 500,000 pesos, presentaciones periódicas y el impedimento de salida del país. En este sector, las autoridades también investigan la actividad de las armerías Los Héctor y Joso EIRL.
Hallazgos de la Operación Armum
La intervención, ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos en puntos como el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Este, Mao, Espaillat y San Francisco de Macorís, permitió la incautación de un arsenal significativo. Las autoridades ocuparon cerca de 200 armas de fuego, que incluyen modelos largos, pistolas y revólveres, además de aproximadamente 40,000 municiones, muchas de las cuales carecían de marcaje oficial.
Entre el material decomisado se encuentran armas de guerra, dispositivos de uso prohibido, miras telescópicas, miras láser, cargadores tipo tambor y piezas modificadas. El Ministerio Público señala que las empresas bajo la lupa, entre ellas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel, habrían operado con licencias vencidas, sin permisos o realizando intermediaciones y trabajos de taller de forma ilícita.
Este operativo fue coordinado por la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, contando con el apoyo de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Policía.
