La Cámara de Diputados recibió el proyecto de Ley Orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, conocido como Ley Mirabal, el cual busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen a menores para dañar a las madres. La propuesta legislativa introduce la figura de la violencia vicaria, estableciendo penas que podrían alcanzar los 40 años de cárcel en los casos donde el asesinato de un niño, niña o adolescente se cometa con el objetivo de castigar o causar sufrimiento a la mujer.
La iniciativa, que fue presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, cuenta con el respaldo de 78 diputados. El documento busca tipificar por primera vez en la legislación dominicana el vicariato, definiéndolo como los actos ilícitos donde un agresor maltrata a hijos o personas cercanas a la víctima para herirla emocionalmente.
Sanciones por agresiones y delitos sexuales
De acuerdo con el texto, las personas que lesionen, amenacen o priven de la libertad a menores vinculados a una mujer para castigarla enfrentarán de 5 a 10 años de prisión. Sin embargo, si el acto resulta en la muerte de los menores, la sentencia subirá hasta los 40 años.
El proyecto también pone el foco en la protección de la integridad física y reproductiva, proponiendo castigos para la esterilización forzada. Este delito recibiría penas de 10 a 20 años de cárcel, las cuales se elevarían a un rango de 20 a 30 años si la víctima es una niña o adolescente. Asimismo, se busca penalizar la convivencia de adultos con menores bajo la apariencia de una relación de pareja, con sanciones de 5 a 10 años de prisión.
Protección en entornos digitales y políticos
En cuanto a las agresiones mediante el uso de tecnología, la propuesta contempla penas de 5 a 10 años por la captación de imágenes íntimas sin permiso, la sextorsión (ya sea con material real o creado por inteligencia artificial) y la difusión de ubicaciones para facilitar ataques. Estas condenas podrían llegar a los 20 años si involucran a menores o abuso de autoridad.
La Ley Mirabal también busca fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública, estableciendo hasta 20 años de cárcel para quienes intenten coaccionar o restringir su derecho a ser elegidas o ejercer cargos públicos. Además, el proyecto redefine el feminicidio al ampliar a nueve las circunstancias de género y aclara que la reconciliación entre la víctima y el agresor no detendrá el proceso judicial.
Trámite legislativo
Tras la entrega del documento, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que durante la siguiente semana se evaluará cómo se llevará a cabo el análisis de la iniciativa y sus plazos. Este proyecto surge del Ministerio de la Mujer y consolida diversos esfuerzos legislativos que se venían trabajando bajo la reforma denominada “Déjala Ir”.
