La entrega de títulos de propiedad a favor del Estado dominicano sobre zonas de protección ambiental, específicamente en los Parques Nacionales Loma Novillero y Montaña La Humeadora, marca un avance en la gestión del dominio público y el saneamiento de los bienes estatales. Este proceso busca garantizar la custodia de los recursos naturales y fortalecer la seguridad jurídica sobre el territorio nacional.
La formalización de estas reservas hídricas y forestales representa un esfuerzo por corregir décadas de desatención institucional y ocupaciones irregulares que afectaron el patrimonio ecológico del país. Al asegurar la titularidad legal, el Estado dominicano busca dar cumplimiento al mandato constitucional que exige la protección inalienable de estas áreas.
Desafíos para la administración pública
A pesar de la importancia de este paso hacia el ordenamiento territorial, el proceso exige un equilibrio entre la defensa del medio ambiente y el respeto a los derechos de los particulares. La gestión gubernamental debe asegurar que cualquier delimitación de estos espacios se realice bajo el estricto cumplimiento de la ley, incluyendo levantamientos catastrales precisos y los procedimientos de indemnización que correspondan para no vulnerar el debido proceso.
El cumplimiento del principio de legalidad es vital para que la protección del interés colectivo no pase por encima de las garantías individuales de quienes posean derechos en las zonas de amortiguamiento.
De la titularidad a la protección real
Contar con los documentos legales es apenas el inicio de un proceso de gestión más profundo. Para que la soberanía ecológica sea efectiva, la administración debe contar con los recursos y la capacidad de fiscalización necesarios para frenar problemas como la minería no autorizada, la expansión de la frontera agrícola y la tala ilegal.
La verdadera custodia de estos recursos depende de una gestión técnica y transparente que trascienda el registro inmobiliario y se traduzca en una presencia real en el terreno, garantizando así el legado ambiental para las futuras generaciones dominicanas.
