El Gobierno de Cuba ha manifestado su descontento con las autoridades de República Dominicana, argumentando que no se han entregado motivos claros para el retiro de integrantes de su misión diplomática en el país. La postura cubana surge tras la decisión del Estado dominicano de ordenar la salida de nueve funcionarios y sus familias, medida que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha preferido mantener bajo reserva por su naturaleza institucional.
Tensiones tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Aunque el Gobierno dominicano no ha vinculado de forma oficial la salida de los diplomáticos con eventos deportivos, investigaciones periodísticas señalan que organismos de seguridad locales detectaron actividades sospechosas de agentes cubanos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Según se reportó, estos individuos habrían vigilado a deportistas cubanos en las instalaciones deportivas para impedir posibles deserciones.
En uno de los incidentes registrados en el Parque del Este, fuerzas militares dominicanas interceptaron a ciudadanos cubanos que intentaban seguir a atletas que buscaban separarse de su delegación. Durante la intervención, se descubrió que algunos de estos sujetos utilizaban uniformes de otras delegaciones para circular sin levantar sospechas. Estos hechos motivaron la implementación de protocolos especiales por parte de las autoridades dominicanas ante lo que se consideró una injerencia en su territorio.
Postura de la Cancillería cubana
La vicecanciller cubana, Josefina Vidal, defendió la actuación de su personal durante un acto en La Habana, asegurando que cumplieron con la Convención de Viena y las leyes de la República Dominicana. Vidal acusó a la administración dominicana de actuar bajo la influencia de Estados Unidos, señalando que la falta de una explicación pública evidencia una sumisión a las presiones de Washington para aislar a la isla.
“Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema”
Por su parte, el Mirex ha reiterado su postura de discreción, limitándose a informar que la medida se tomó conforme a las facultades que otorga el derecho internacional. El organismo dominicano ha enfatizado que el manejo del asunto se realizará con prudencia para proteger la relación bilateral entre ambas naciones.
Marco legal de la medida
De acuerdo con la normativa internacional, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un Estado receptor tiene la facultad de declarar a un diplomático como persona non grata o solicitar su retiro sin la obligación de exponer los fundamentos de dicha decisión. El Gobierno dominicano ha actuado dentro de este marco legal, manteniendo la confidencialidad sobre los detalles específicos de la resolución.
