Un juez federal de Argentina ha solicitado la detención internacional de Jordi Pujol Ferrusola, bajo la sospecha de haber blanqueado aproximadamente 6.2 millones de dólares derivados de actos de corrupción en España. La investigación judicial apunta a que estos fondos fueron introducidos al sistema financiero mediante la empresa Rosario Port Services, la cual pertenece al hijo del antiguo mandatario de la Generalitat catalana.
El proceso judicial se centra en la actividad de dicha compañía dentro de la firma TPR, entidad que obtuvo en 2002 la concesión de la terminal del Puerto de Rosario, uno de los centros agroexportadores más importantes de Argentina. Según los informes, Pujol Ferrusola mantuvo una presencia constante en territorio argentino con al menos 35 viajes realizados entre los años 2002 y 2014 para supervisar sus intereses comerciales.
Investigación tras condena de socio clave
La orden emitida por el juez Carlos Alberto Vera Barros surge como consecuencia de la condena previa de Gustavo Shanahann, quien fue socio de Pujol en Argentina. Shanahann fue sentenciado en 2024 a 7 años de prisión por asociación ilícita y actualmente cumple su condena en la cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades argentinas señalan que Shanahann actuaba como el principal enlace de Pujol Júnior en el país sudamericano.
Durante las pesquisas, la Gendarmería realizó operativos que incluyeron la detención de Shanahann y su familia, además del registro de diversas sociedades que presuntamente servían para la estratificación e integración de capitales de origen ilícito. Se investiga si Shanahann funcionó como intermediario en la venta de la empresa TPR.
Mecanismos de blanqueo de capitales
Las investigaciones detallan que la operación de lavado se habría completado cuando la empresa Inter Rosario Port Services vendió su participación a la firma Vicentín por 8.9 millones de dólares en agosto de 2012. No obstante, la transacción se registró a nombre de Inversiones Portuarias Andinas Ltda., parte del grupo Ultramar, maniobra que facilitó la obtención de beneficios para Pujol y comisiones para Shanahann.
El fiscal Fernando Bermejo, en el contexto de los procesos judiciales en España, ha señalado la irregularidad de estas operaciones. Según su análisis, la fase de venta a Vicentín constituye la etapa final del blanqueo, dado que el activo vendido presentaba un patrimonio neto negativo y no cumplía con las garantías financieras habituales. El fiscal afirmó:
“Es la fase final de blanqueo de capitales. Precio de venta: 8.932.591 dólares. Beneficio neto: más de 5,3 millones de euros. Pero si analizamos el contexto, todo se derrumba definitivamente. Primero, lo que se vende a Vicentín tiene patrimonio neto negativo. Inter Rosario Port Service no había desembolsado el capital comprometido, parte del precio no se garantiza y no se cobra interés ninguno por los retrasos. Esta es la fase integral claramente de blanqueo”
Actualmente, un equipo de cuatro fiscales argentinos, entre ellos Diego Velasco, Juan Argovay, Matías Scilabra y Federico Reynares, trabaja en la reconstrucción del flujo de dinero. El objetivo es rastrear cómo se utilizaron transferencias y garantías para ocultar los activos obtenidos mediante sobornos en la política de Cataluña.
